Los sindicatos apremian la entrada de un socio industrial en Celsa como contrapeso de los fondos

Durante los tres últimos años, los meses de septiembre han sido especialmente convulsos para Celsa, con acontecimientos determinantes para un futuro que, eso sí, no termina de dejar atrás los tintes de incertidumbre. En 2024, el impacto llegado el noveno mes del año ha sido el del anuncio de una ampliación de capital que parece indicar que la maquinaria comenzará a moverse a velocidad de crucero, sin que aún haya llegado el socio industrial al que los fondos accionistas, antes acreedores, se comprometieron a dar entrada como parte de la garantía para que el Gobierno autorizara el cambio en el control de la acerera.

Se trata de uno de los anhelos entre las múltiples plantas de producción que Celsa tiene repartidas por hasta siete Comunidades Autónomas españolas. Un accionista que, además de aportar su experiencia y conocimiento del sector, sirva de contrapeso a los actuales propietarios, con un perfil eminentemente financiero y que, más tarde o más temprano, buscarán la salida que mejor haga cuadrar la infinidad de números que se están haciendo desde hace meses. 

Entre ellos, sobresale el de 166 millones de euros. Es el volumen de capital que los accionistas han decidido inyectar a Celsa para potenciar todas sus áreas de negocio y sus líneas de producción, tanto en España como en el exterior, dado que la mitad de esta cifra saldrá con destino a las filiales de Reino Unido, Polonia y Noruega.

Una medida que supone alivio, por un lado, dado que permitirá dar algo más de vida a centros de producción que no pasan por su mejor momento y que ya veían en el cambio de control de Celsa una suerte de certificado de defunción; pero inquietud, por la otra parte, por lo que tiene de última oportunidad antes de tomar medidas de otro tipo si los resultados no empiezan a llegar con prontitud.

Los compromisos asumidos por los nuevos propietarios de Celsa incluyen el mantenimiento del empleo y de los centros de trabajo, además de proporcionar los medios necesarios para la sostenibilidad del negocio.

Entre los sindicatos se echa de menos que la llegada del comprometido socio industrial no se haya encontrado entre las prioridades de la nueva propiedad y asumen, a regañadientes pero con cierta resignación, la explicación de que no se trata de un proceso sencillo.

Componente político

Al fin y al cabo no hay tantos grupos del sector que sean capaces de asumir un esfuerzo económico de tal magnitud; y menos, después de que la pandemia y, posteriormente los efectos de la invasión rusa de Ucrania en los precios de la energía y las materias primas han tenido en el sector. 

Una eventual operación en la que, además, conviene no olvidar el componente político, toda vez que el compromiso de los nuevos dueños de Celsa ha sido adquirido con el Gobierno, el que ha promovido precisamente esta medida adicional.

En este punto, el entorno de los representantes de los trabajadores también lamenta que los actuales accionistas de Celsa renunciaran a los préstamos concedidos en su día por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como parte del fondo constituido en su día por el Gobierno para apoyar a empresas en apuros por los efectos de la pandemia. 

Fue la anterior dirección, liderada por la familia Rubiralta, antiguos propietarios de Celsa, la que tramitó esta suerte de rescate, que finalmente llegó en forma de sendos préstamos que totalizaban 550 millones de euros, condicionados a que la compañía llegara a un acuerdo con los acreedores, que nunca llegó a cristalizarse.

En los centros productivos de Celsa se considera que, si la empresa hubiera aceptado tal apoyo, estaría de forma más intensa en el foco del Ejecutivo a la hora de hacer cumplir los compromisos pactados. Sin embargo, el hecho de la renuncia supuso que los fondos que ahora comandan la empresa acerera tengan las manos más libres.

Las alarmas ya sonaron en las sedes de los sindicatos durante el pasado mes de febrero, cuando trascendió que Celsa había contratado al banco de inversión estadounidense Citi para elaborar un informe acerca de la valoración de las filiales internacionales del grupo.

Sin decisiones

Por entonces, los representantes de los trabajadores hablaron abiertamente de un "comienzo del expolio" y acusaron a los actuales accionistas de tener como única intención "hacer caja e ir rentabilizando su inversión".

El citado informe estaba destinado a valorar las unidades de Reino Unido, Noruega y Polonia, las destinatarias de aproximadamente la mitad del montante de la ampliación de capital. En aquel entonces, Celsa salió a la palestra para indicar que el encargo tenía como fin analizar las capacidades y alternativas de estos negocios y que en ningún caso había decisión alguna tomada.

Compás de espera

En septiembre de 2022, apenas unas horas después de la entrada en vigor de la nueva ley concursal, los entonces fondos acreedores procedieron a su estreno al presentar en los juzgados de lo mercantil de Barcelona un plan de reestructuración para Celsa con el fin de garantizar su viabilidad, que consideraban en peligro.

Justo un año después, los tribunales resolvieron el proceso y decretaron el cambio de control a través de la capitalización de deuda incluida en este plan. De nuevo, un mes de septiembre ha marcado el camino de Celsa con una inyección de capital que, al menos, abre un compás de espera pero que no despeja el horizonte del grupo, en especial el de algunas de sus plantas que siguen con la producción bajo mínimos.