Los fondos de inversión que se han quedado Celsa llevarán a los Rubiralta a los tribunales. Han aprobado en la junta de accionistas celebrada este martes iniciar acciones legales contra la antigua propiedad del gigante siderúrgico catalán para recuperar un crédito de 438 millones de euros que la compañía concedió a la familia. Nunca lo han devuelto y el grupo que ahora preside Rafael Villaseca ha movido ficha.
De forma oficial, la compañía reconoce que llevarán a cabo las “acciones que sean necesarias” para evitar asumir este agujero en la contabilidad del grupo. La junta aprobó “emprender acciones de responsabilidad social” que irán dirigidas contra el expresidente ejecutivo de Celsa, Francesc Rubiralta.
Cómo los Rubiralta perdieron la siderúrgica
Se espera que en las próximas semanas se inicie este proceso. La nueva propiedad de la siderúrgica ha dejado claras cuáles son sus intenciones, aunque fuentes jurídicas señalan que es habitual que antes de interponer la demanda correspondiente se intente una mediación formal. Algo más que las advertencias que se han lanzado a lo largo del último año.
Cabe recordar que los Rubiralta ya perdieron la propiedad de Celsa en los tribunales mercantiles ante la imposibilidad de hacer frente a sus responsabilidades financieras. No pudieron devolver los créditos y préstamos que habían contraído para mantener la actividad en un contexto internacional desfavorable para el sector, la siderurgia ha sufrido mucho por la irrupción de grupos chinos low cost. Finalmente, los acreedores los ejecutaron y los desplazaron de la propiedad.
Los beneficios de 2023, a reservas
Más allá de anunciar el paso judicial, un bache para la burguesía catalana a la que pertenecen los Rubiralta, la junta de accionista de Celsa aprobó las cuentas de 2023. El grupo cerró el ejercicio con unos beneficios netos consolidados de 459 millones y una facturación de 4.765 millones, cifra avanzada en abril. La cúpula del grupo industrial anunció entonces que, sin el proceso de reestructuración que han tenido que hacer frente al aterrizar en la compañía, las ganancias hubieran llegado a los 918 millones, según una auditoría interna.
La reorganización de la actividad y de la contabilidad de la empresa propició que cerrase 2023 con unos fondos propios consolidados de 326 millones en lugar del quebranto de 1.187 millones que hubiera registrado, anunciaron Villaseca y el consejero delegado, Jordi Cazorla, al dar a conocer las cifras del ejercicio. Dos meses después, la junta ha decidido destinar el excedente a reservas.
Búsqueda de un socio industrial
Asimismo, encargó a la consultora Houlihan Lokey la búsqueda de un socio industrial para tomar el 20% del capital del grupo. Así se pactó en su día con el Gobierno, además de definir las dos características que debe tener esta compañía: que sea española y que la entrada sea a finales del ejercicio en curso.