Uno de cada tres sanitarios, en casa. Un 36% de absentismo, más del triple que la media del sector. La cooperativa catalana de ambulancias Grup La Pau sufrió una sangría laboral antes de plantear la renuncia a la concesión de transporte sanitario en Euskadi, como avanzó Crónica Global. Y es que venía de pagar 200.000 euros extra en un solo mes en contrataciones urgentes y horas adicionales. 

Lo detallan las comunicaciones internas de La Pau a Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, equivalente al Catsalut catalán. El registro para agosto, último mes completo, muestra puntas de absentismo del 36%, lo que puso a la empresa contra la pared. 

Y, según directivos del sector, ello la ha llevado a plantearse dejar la operativa en Álava y Vizcaya, aunque oficialmente lo ha negado. 

Un 36% de bajas en Vizcaya

Desde el sector se apunta al "estrangulamiento" que habría sufrido la compañía catalana en las dos provincias. Una asfixia plasmada en huelgas interminables, el sabotaje de cerca de 350 ambulancias, incluido el apedreamiento de vehículos con pacientes dentro y quema de unidades por la noche, u otros sabotajes. 

Nada de ello ha sido tan gravoso para la firma de Badalona (Barcelona) como el absentismo. Según el registro comunicado a Osakidetza para agosto, el lote 4 de transporte sanitario urgente en Vizcaya soportó hasta un 35,74% de bajas. Más de uno de cada tres sanitarios no fueron a trabajar. 

Media del 27%

Pero es que en el resto de regiones sanitarias la situación fue ligeramente mejor, pero no por mucho. En Álava, el transporte urgente de pacientes aguantó con el 22,36% de bajas en agosto. El transporte programado o no urgente, con el 22,09%. 

En Vizcaya, el transporte urgente vio cómo entre el 26,88% y el citado 35,74% de sanitarios faltaban a trabajar. En esta provincia, el traslado programado de enfermos -a oncología o diálisis, entre otros, perdió a uno de cada cuatro empleados: el 25,12%. 

200.000 euros en contratos urgentes y horas extras

Ante esta hemorragia de incapacidades temporales y faltas más o menos justificadas, la concesionaria catalana tuvo que reaccionar. Se dejó, según documentación remitida a la Consejería vasca de salud, 143.011 euros en contrataciones urgentes de personal para cubrir esos puestos. 

A ello se suman otros 52.976 euros en horas extras de los trabajadores que sí acudían a su jornada. En total, cerca de 200.000 euros no previstos en el presupuesto en un solo mes. 

Más permisos, vacaciones y una huelga

Esta cantidad fue sólo para tapar agujeros imponderables. Pero es que a ese absentismo máximo del 36% hay que sumarle las vacaciones, los permisos y la huelga que siguieron al menos dos trabajadores. La protesta es indefinida, convocada por LSB-USO desde mayo, y la secundaron dos sanitarios. 

En total y según cálculos del sector, la concesionaria encajó un absentismo previsto y no previsto de cerca del 50%. La mitad de la plantilla. 

"Sabotaje encubierto"

Todo ello lo capeó la cooperativa catalana antes de, aseguran desde el sector, plantear abandonar la operativa en Euskadi. Por el "sabotaje encubierto" al que se le estaba sometiendo, opinan directivos de la industria, y la postura timorata del Gobierno vasco, que ha continuado multando los retrasos e incumplimientos en el servicio de ambulancias pese al entorno laboral salvaje

De hecho, esa ola de protestas, bajas y vandalismo amaga con golpear a cualquier adjudicatario del servicio, sea el actual u otro. Gerentes del sector citan a diversas empresas dispuestas a asumir la contrata, aunque temerosas de un recibimiento igual de hostil. 

¿Internalización?

De hecho, desde los operadores se teme que la parte sindical está presionando para que el Gobierno vasco internalice el servicio de ambulancias, una experiencia probada en otras autonomías, como Islas Baleares y La Rioja. O estudiada -sin éxito- en Cataluña, donde se formó una ponencia parlamentaria que se ha acabado diluyendo. 

Ambulancias del SAMU061 de Baleares, ahora internalizadas Cedida / IbSalut

Frente a ello, se erigen los que alertan de que, como ha sucedido en el archipiélago balear, las ambulancias públicas han disparado los costes en torno a un 40% para el ciudadano, y no han mejorado la satisfacción. 

En puridad, el negocio del transporte sanitario en España, como margen unidígito es rentable para el sector privado siempre que el absentismo se mantenga sobre el 10% o 12%. Los porcentajes triples de Euskadi, se estima, son inasumibles, porque impactan directamente sobre el ebitda o beneficio bruto de las empresas. 

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