Un particular ha pedido reimputar al hijo del exalcalde de Barcelona Xavier Trias en una causa judicial por el cámping que opera en la Costa Brava. El directivo ha solicitado a la Audiencia Provincial de Girona que vuelva a citar como investigado a Alex Trias Arraut en un caso contra su negocio La Ballena Alegre 2 de Sant Pere Pescador (Girona).
Lo atestigua una providencia del juzgado número 4 de Figueres a la que ha accedido este medio, y que admite a trámite un recurso de apelación contra el archivo de las actuaciones contra Trias hijo. Ahora, una vez entrado en los tribunales, el antaño acusado puede presentar alegaciones, y la Audiencia tendrá un periodo corto para resolver.
Malestar de la saga Trias
Esta admisión a trámite ha caído como un jarro de agua fría sobre la familia del ex primer edil de Barcelona. Fuentes cercanas al caso han revelado que la saga Trias ha pedido al denunciante, el empresario Víctor Latorre, que desista de su acción judicial.
Por el momento, ello no se ha producido, por lo que el hijo del exmunícipe queda al albur de lo que resuelva la Audiencia Provincial.
Abogacía entra a defender a Costas
Mientras la segunda instancia judicial decide, hay otra novedad en el caso judicial contra el cámping de los Trias en la Costa Brava. La Abogacía del Estado ha pedido al juzgado de Figueres el sobreseimiento del caso contra dos técnicos de la Demarcación de Costas que están imputados.
Los dos altos mandos figuran como investigados por presunta prevaricación. Ahora, la Abogacía irrumpe en la causa en defensa de los funcionarios, "algo altamente inusual en los casos penales", han recordado fuentes cercanas al caso.
Competencia autonómica
En su escrito, la Abogacía recuerda que el urbanismo y la ordenación del litoral es una competencia de la Generalitat de Cataluña y no de la Administración General del Estado (AGE).
Con ello, aduce el organismo, la gestión de la servidumbre de protección también corresponde a la región, y no a la estructura estatal.
¿Un cámping ilegal?
Las dos novedades son lances del largo asunto judicial, en el que se dirime si el cámping La Ballena Alegre 2, que abrió en 1977, entró en la ilegalidad al construir bungalows en zona protegida.
Hay, según la Guardia Civil, indicios de prevaricación al estar las unidades de alto nivel en la franja de Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Territorio pide su derribo
Ello, en el carril judicial. En el administrativo, el Departamento de Territorio del Govern ordenó hace unos meses del derribo de las 89 construcciones.
En paralelo, la misma consejería inició los trámites para el desmantelamiento de otros 225 alojamientos modulares. La orden recae sobre el Ayuntamiento de Sant Pere Pescador.
El denunciante, asediado
Asimismo, hay una arista política en el caso. El denunciante del cámping ha recibido ataques de los ecologistas e independentistas en su propio negocio en Girona.
Como explicó Crónica Global, los nacionalistas radicales atacaron este verano su estacionamiento Port Natura en, también, Sant Pere Pescador. El empresario lo ve "un capítulo más de intimidación por denunciar que los Trias han actuado con total impunidad en la zona durante años".