La justicia analiza un recurso de tres empresas contra la nueva funeraria supramunicipal de Reus, que operará en buena parte del Camp de Tarragona. Un juzgado examina la petición de tres empresas para detener a FuneCamp, el nuevo operador público que provocaría una situación de monopolio pagado con dinero público, según oos denunciantes.
Es lo que consigna un auto del reciente del juzgado de Lo Contencioso número 1 de Tarragona, que admite a trámite la impugnación de los acuerdos de pleno de Reus, Vila-seca, Constantí y Salou que dieron lugar a FuneCamp. La nueva empresa funeraria pública se sitúa pues en la diana: el magistrado ha pedido el expediente del caso a los cuatro ayuntamientos.
Los recurrentes son las pymes locales Funeconca y Serveis Funeraris Pedrola Montbrió, además de Grupo Mémora, líder nacional del sector.
Cuasi monopolio: "Elimina toda competencia"
¿Qué alegan los recurrentes? Que la nueva Funecamp acaparará una cuota del 90% del mercado, provocando una situación de cuasi monopolio. De hecho, el escrito interpuesto por las tres firmas alerta de vicios jurídicos centrados en el devastador impacto sobre la libre competencia.
Atado a esto, las empresas críticas recuerdan que la mercantil pública "eliminaría la competencia", afectando a sus cuentas de resultado y a las de otra pymes de la zona.
Tendrá pérdidas
Hay más. Esta situación de monopolio y ataque al sector privado se sustentaría con recursos públicos de los cuatro ayuntamientos. Pero es que Reus, Salou, Constantí y Vila-seca tendrán que costear las pérdidas de FuneCamp.
Es así porque existen "deficiencias en cuanto a viabilidad jurídica y económica", alegan los recurrentes, y el proyecto atenta contra "los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
De hecho, como explicó este medio, un dictamen previo de la consultora KPMG ya preveía graves problemas económicos del nuevo operador. Concluía que tendría tesorería negativa desde el primer año.
Irregularidades y opacidad
Asimismo, los grupos privados alertan de irregularidades en el procedimiento. Una de las más sangrantes es que la actual funeraria municipal de Reus, embrión del proyecto, no muestra sus cuentas desgajadas: las integra en todo el grupo municipal de empresas de la cocapital comarcal.
Con ello, es imposible conocer el balance a final de año de la mercantil pública actual, de quien se cree que está en fuertes pérdidas. Por ello, advierten desde el sector, se mutualizan esos números rojos con otros tres ayuntamientos.
Pero hay otras: como la no aprobación de la memoria justificativa al primer intento en 2022 por las "dudas" que suscitaba; la desestimación de las alegaciones de los privados y el abuso que han hecho los ayuntamientos impulsores de la figura legal de medio propio.
Medida cautelar: detener los trámites
Por ello, las tres empresas piden al juzgado de Lo Contencioso número 1 de Tarragona que paralice de forma cautelar todo el procedimiento. Recuerdan que si la iniciativa pública ve la luz, habrá "un cambio de paradigma" en el mercado funerario de la provincia. Se entrará en situación de cuasi monopolio por la captación del 90% del mercado.
Y se entrará también en situación de posibles expedientes de regulación de empleo (ERE) y de disolución de empresas privadas por el abuso de posición de la pública.
Asimismo, recuerdan al togado que si no se detiene FuneCamp de forma cautelar, cuando se examine el recurso contencioso será tarde, pues ésta ya estará prestando un servicio esencial.
Dinero público es "ventaja competitiva"
En los escritos, las tres empresas críticas sintetizan su rechazo a un punto esencial: la nueva funeraria supramunicipal de Reus tendrá "ventaja competitiva" sobre el resto del sector al ser apoyada con recursos públicos. Supone, pues, un atentado a la libre competencia.
Pese a ese dopaje municipal, cabe recordar que el operador municipal actual ya ha subido precios en un 10% antes de empezar a trabajar en toda la comarca, como avanzó este medio.
No hay estudio de alternativas
De hecho, en la memoria de la nueva empresa no hay análisis sobre las "alternativas" que en este momento existen en el mercado. No se explora si los pymes y grupos que operan en la zona ofrecen un servicio satisfactorio, alegan los recurrentes.
Frente a ello, los alcaldes y alcaldesas de los cuatro municipios han impulsado un operador que "se quedará con todo el mercado, suprimiendo la competencia y la concurrencia que, paradójicamente, conforme a la legislación vigente, ha de protegerse y garantizarse", agregan.
Los ayuntamientos, avisados
Por ello, los firmantes del recurso piden a la sala que "suspenda la ejecutividad de las resoluciones" sin entrar en el fondo del asunto, pues prevé "daños irreparables" si FuneCamp empieza a engullir mercado en otoño, tal y como prevén los cuatro ayuntamientos.
En relación a los cuatro entes locales, las empresas recurrentes se acaban de dirigir al Ayuntamiento de Reus para alertarle de que han presentado una petición para detener el operador supramunicipal por la vía judicial. Por ello, han pedido al gobierno municipal de Sandra Guaita (PSC) que pare el plazo de exposición pública, el próximo paso.
Este medio ha contactado con el Ejecutivo local de Guaita para valorar el recurso y la petición de medidas cautelares. No ha recibido respuesta.
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