Los 132.000 vecinos de Tarragona asisten sin posibilidad de reacción al estallido de la guerra de las basuras,siendo este uno de los servicios más sensibles y que más preocupan a los ciudadanos. Tres empresas libran la batalla por el mayor contrato público de la ciudad: 233 millones de euros por una década de gestión de los residuos, por los que compiten la madrileña Urbaser, la catalana FCC Medio Ambiente y la francesa Paprec GBI.
No obstante, la cuestión se ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una amalgama de pliegos, exclusiones y recursos, sin visos de solución ni temprana ni sencilla.
Tumbado por el Tribunal Catalán de Contratos Públicos
Paprec GBI, dirigida en España por Marta Ciurana, trata de hacerse un hueco en el país. Cuenta como carta de presentación ser la encargada de recoger los residuos generados en París; también brinda servicios de limpieza en la zona alta de Barcelona, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Y se impuso en la licitación del contrato tarraconense, publicado el 7 de agosto del año pasado.
Su propuesta ganó frente a la de Urbaser y, a mayor distancia, respecto a la de FCC. Pero la segunda clasificada presentó un recurso, estimado en junio por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCC) por incumplir parte de las exigencias estipuladas en el pliego de condiciones del lote número 1; también por "errores graves" en la valoración de las propuestas, al aceptar "variantes" no permitidas.
Marcha atrás 'in extremis'
PSC, Junts y dos regidores no adscritos votaron a favor de adjudicar el contrato a la sociedad madrileña en el pleno que se celebra este viernes, frente a la negativa de ERC, PP, Vox y Comunes; se impusieron los síes.
Contenedores de basura, en una imagen de archivo
No obstante, y a falta de pocas horas, los técnicos han recomendado retirar este punto del orden del día a la espera de que el TSJC decida sobre la cuestión. Una marcha atrás motivada por la "prudencia" y aplaudida por fuentes del sector, ya que frenar su adjudicación evita un daño mayor ante la posibilidad de que los jueces tumben un contrato tan relevante en vigor.
Los defectos afectan a todas las licitadoras
La justicia catalana ha admitido a trámite dos recursos contenciosos administrativos, presentados por Paprec GBI y el propio ayuntamiento. El primero insiste en la ilegalidad del procedimiento y pide la suspensión cautelar de "cualquier actuación", mientras que el segundo defiende la integridad del concurso, a pesar de los reproches del TCC, que dejó claro que su "modo de operar no se ajustó a derecho".
Trabajos de Paprec en materia de recogida de residuos
Las mismas voces insisten en que la exclusión afecta a la sociedad francesa por ser objeto del recurso de Urbaser, pero se hacen eco de la resolución del tribunal supervisor, que reconoce que los "defectos" encontrados en el caso de Paprec realmente "afectan a todas las empresas licitadoras".
Hasta pasado verano
La cuestión aterriza en el TSJC en pleno verano, por lo que la resolución tardará en llegar, al menos, un par de meses. La batalla permanecerá en suspenso hasta septiembre como mínimo, y no acabará entonces.
"Estamos hablando de años de posibles litigios", dio por hecho Isabel Mascaró, concejal de Hacienda y Servicios Centrales, cuando anunció en junio la intención del gobierno municipal de adjudicar el contrato a Urbaser a través del pleno.
Mientras tanto, el ayuntamiento deberá mantener prorrogado el contrato con la actual gestora (precisamente, FCC) a pesar de la "modernización" del servicio que se persigue en esta y otras ciudades catalanas.