La nueva legislatura del Parlament debe abordar las “disfuncionalidades” del modelo de financiación. “La insatisfacción no solo aparece en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana y las islas Baleares”, apunta Teresa García-Milà. Con estas palabras, la economista y directiva del Círculo de Economía ha abierto un debate sobre la reforma del sistema autonómico y la viabilidad de las propuestas. Acto seguido, Guillem López Casasnovas ha puesto encima de la mesa la posibilidad de llegar a la progresividad fiscal por la vía del IRPF.
Por su parte, sin evitar terrenos pantanosos, Antonio Zabalza ha presentado una propuesta “políticamente difícil” para los cambios del sistema. “Es más fácil una adaptación del País Vasco al régimen común que no una reforma del sistema autonómico”, defiende el presidente de Ercros. En este sentido, Zabalza, antiguo secretario de Estado de Hacienda y director de gabinete durante la presidencia de Felipe González, añade que “los políticos no se atreven a explicar el modelo a sus votantes porque es complejo y oscuro”.
La receta del presidente de Ercros
Para superar la discrepancia, la receta del dirigente empresarial y economista ha dibujado un plan con cuatro puntos: equidad, responsabilidad tributaria, mecanismo de actualización temporal del modelo y un plan de saneamiento de la deuda autonómica.
“Debemos ir a la idea que un ciudadano tiene que acceder a todos los servicios, independientemente de su lugar de residencia”, mantiene el consejero delegado de Ercros. A modo de conclusión de su argumentario, Zabalza defiende un consorcio eficiente, “eso sí, con una relación entre el Gobierno y el resto de las autonomías”. Recientemente, durante una entrevista en Crónica Global, Ángel de la Fuente ha expresado que una reforma “a toda prisa” puede provocar la aparición de un sistema “más desigual e insolidario”.
Nivelación del sistema
Más allá del posicionamiento de López Casasnovas y Zabalza, otros académicos han querido aportar su visión al debate de la financiación. En Models de Finançament. Una immersió ràpida, las economistas Núria Bosch y Maite Vilalta ponen encima de la mesa algunos elementos para entender la descentralización fiscal en España.
Según el criterio de las autoras del libro-ensayo, el concepto de subvención de nivelación, originario de países con tradición federalista, aparece como solución por la puerta de atrás al asunto catalán. Aunque con la lectura del libro se interpreta que la tesis de Bosch y Vilalta se ve afectada por el ruido político y mediático, las mismas académicas no realizan ningún pronunciamiento explícito que dé a entender una maniobra política.
Ahora bien, a lo largo de las 174 páginas del libro, las economistas reconocen que pese al argumento de la tradición de autogobierno de Cataluña, la experiencia de gran parte de los países federados “demuestra que hay una preponderancia del poder de la federación frente a la autoridad de los Estados que la conforman”. Incidiendo en el reparto de la gestión de impuestos y competencias, el federalismo fiscal atribuye tres funciones a la Administración. Asignativa, corrige los factores externos; la función redistributiva modifica el reparto de la renta que lleva a cabo el mercado, y el componente estabilizador.
El papel del federalismo fiscal
La obra académica también tiene espacio para tratar la equidad horizontal en la obtención de los recursos por parte de las comunidades autónomas y los municipios. “Un objetivo no planteado y, por tanto, sin resolver”, apuntan Vilalta y Bosch.
En este sentido, la solución pasaría por tener un sistema de cálculo que sea adaptable a cada circunstancia que aparezca y, a la vez, interprete correctamente las singularidades o complejidades de cada territorio. Cuestiones, todas ellas que se deberán abordar si, finalmente, la investidura en Cataluña saca del cajón un debate autonómico que hace años que debería haber abordado y, por ahora, sigue en un cajón.