Ángel de la Fuente: “Una reforma a toda prisa de la financiación autonómica puede resultar en un sistema peor, más desigual e insolidario”

Ángel de la Fuente (Gijón, 1962) es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) desde abril de 2014. Es uno de los mayores expertos de España en financiación autonómica y defiende que los cambios en el sistema nacional se deben hacer, como mínimo, con el consenso entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para evitar “abrir una deriva hacia un sistema confederal que sería insolidario y poco funcional”.

¿La financiación de Cataluña está ajustada a los servicios que presta la Generalitat? ¿Es posible que la solución al conflicto esté en una actualización permanente de la memoria económica de cada transferencia de competencias?

Sí, Cataluña ha asumido algunas competencias que la mayoría de las Comunidades Autónomas no tienen, pero eso se tiene en cuenta: hay una financiación aparte para estas competencias singulares que, generalmente, se incluye en el Fondo de Suficiencia. En cuanto a la financiación de las competencias comunes a todas las comunidades, la financiación de la Generalitat por habitante ajustado está en torno a la media, ligeramente por encima en el último año liquidado.

¿Tiene sentido publicar las balanzas fiscales en 2024?

El mismo que en cualquier otro año. Yo diría que sí, por una cuestión de transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles de las cuentas públicas, y cuanta más información haya, menos riesgo habrá de que se haga demagogia con el tema.

Las cifras que acaba de publicar la AIREF parecen muy contundentes. ¿O hay que leerlas más allá del titular que destaca la infradotación en Murcia frente a la generosidad de Madrid?

Por las referencias que he visto en prensa, hay cosas que no me cuadran en esos datos. Tengo que verlo con calma, pero a primera vista parece que utilizan los datos oficiales de recaudación normativa, que no son muy informativos en el caso de los impuestos que gestionan las Comunidades Autónomas y eso distorsiona mucho la foto en algunos territorios. Coincidimos en cuanto a la situación de Murcia, pero no tanto en otros casos.

¿Cree que el principio de ordinalidad debería ser el referente para la reforma pendiente? ¿Se puede mantener indefinidamente el tercer puesto en la aportación y el décimo en la recepción como ocurre en Cataluña?

El principio de ordinalidad exige que el sistema de financiación no altere la ordenación inicial de las regiones en términos de recursos por habitante en términos de recaudación por habitante ajustado a igual esfuerzo fiscal, esto es, que no permita que te adelante alguien que empieza más atrás si ambos aplicáis la misma escala impositiva. Esta es una restricción razonable que nuestro sistema debería respetar y no lo hace; es lógico que el sistema reduzca las disparidades entre regiones, para eso está, pero no que cambie el orden. Por otra parte, esto no es un problema específico de Cataluña; Madrid y Valencia pierden siete puestos en el ranking frente a los 6 de Cataluña (que, según nuestras, cuentas es novena), y Canarias y Extremadura ganan 10 puestos.

¿Cómo de urgente es la reforma de la financiación autonómica después de que lleve 10 años estancada?

Yo diría que lo urgente es complementar la financiación de las cuatro comunidades que están claramente por debajo de la media (Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha) y llevan tiempo ahí. Lo demás puede esperar si de esa forma nos aseguramos de que la reforma está bien planteada y mejora el sistema. Si ahora la hacemos a toda prisa y como moneda de cambio con los nacionalistas catalanes, hay un riesgo importante de que el resultado sea un sistema peor, más desigual e insolidario.

¿El conjunto de las comunidades autónomas está bien financiado o necesita más fondos?

Yo diría que esa no es la mejor forma de plantearlo. Siempre hay necesidades por cubrir y todo el mundo quiere más dinero si este llega “gratis”. Lo que hay que darles a las Comunidades Autónomas no es más dinero, sino las herramientas fiscales para pedírselo a sus ciudadanos. El que quiera gastar más, tiene que dar la cara y subir impuestos, si no, no hay forma de controlar el gasto.

En el caso autonómico hay una complicación importante: dadas las grandes diferencias de renta que hay entre comunidades, la cuestión no puede plantearse de forma exclusivamente individual (que cada palo aguante su vela subiendo sus impuestos para financiar el gasto que quiera tener), sino que hacen falta instrumentos colectivos y solidarios para obtener fondos y asegurar que se reparten de manera igualitaria, como podría ser un tramo autonómico del IVA que se reparta por población ajustada. Pero lo que no puede ser es que el Gobierno central suba impuestos para dar más recursos a cero coste a las autonomías.

¿Considera que los impuestos autonómicos ayudan a la financiación de los territorios o distorsionan el sistema?

Entiendo que se refiere a los impuestos autonómicos en sentido estricto, esto es, no a los cedidos por el Estado, sino a los creados ex novo por las autonomías. En general, estas figuras recaudan muy poco dinero y algunas de ellas son un tanto curiosas, pero me parece bien que puedan existir. Es parte integral de la autonomía que los territorios puedan hacer cosas diferentes no solo en materia de gasto sino también de ingresos.

Fedea hace años que lanza propuestas sobre cómo se debería reformar el sistema de financiación autonómico. ¿Se han acercado a ustedes para empezar a preparar el terreno? ¿Hay voluntad política más allá de facilitar la investidura de Salvador Illa en Cataluña?

No, digamos que no hemos tenido mucho éxito, incluso en los mejores momentos. Varios de nosotros formamos parte del grupo de expertos de 2017, cuyo informe recoge muchas de nuestras propuestas, pero eso se quedó en su día en un cajón y hasta ahora.

¿Qué considera imprescindible en una reforma como la que el PSOE amaga con abordar?

Que se haga por consenso, al menos con el principal partido de la oposición y que sirva para mejorar el sistema, no para empeorarlo.

¿Se dan las circunstancias para la reforma?

Yo diría que no. Como ya he dicho, hay un riesgo importante de que una reforma exprés bajo presión nacionalista empeore el sistema, e incluso de que abra una deriva hacia un sistema confederal que sería insolidario y poco funcional.