Trabajadores anónimos de la empresa pública Infraestructures.cat ponen en tela de juicio la pulcritud y la transparencia de sus oposiciones. Parte de la plantilla de la entidad, dependiente del Departamento de Territorio de la Generalitat, denuncia públicamente supuestos movimientos de la cúpula para favorecer a miembros de Esquerra Republicana (ERC) en la consecución de una plaza fija.
Militantes y simpatizantes han sido admitidos para participar en varios procesos de estabilización de la plantilla sin cumplir con los requisitos descritos en las bases, aseguran. Una denuncia que se produce pocos días después de que la justicia suspendiera dos contratos públicos del Govern por supuestas irregularidades en su adjudicación, hecha con prisas por la celebración de elecciones anticipadas el 12 de mayo.
Cuatro procesos, 154 plazas
Apremiada por la normativa europea que llama a reducir el número de empleados interinos, la entidad encargada de ejecutar las obras encomendadas por la administración publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) la convocatoria de cuatro concursos el 29 de diciembre de 2023.
Las pruebas de los procesos ICATFIX, pendientes desde el periodo de 2020 a 2023, se han celebrado el 13, 19 y 20 de junio y servirán para transformar contratos temporales en indefinidos en la cobertura de 154 puestos de trabajo. En concreto, 79 plazas de técnico superior, 46 de técnico medio y 29 de administrativo, con sueldos a la orden de 45.770,67 euros los más elevados y 29.750,94 los más bajos.
Titulación requerida
El apartado 2.2 de las bases de las citadas convocatorias de selección exige "estar en posesión o en condiciones de obtener el título académico requerido -títulos universitarios superiores, licenciaturas o diplomaturas, así como arquitecturas o ingenierías superiores o técnicas- en la fecha en que acaba el plazo de presentación de solicitudes".
Imagen de archivo
Sin embargo, los órganos técnicos de selección han aceptado la solicitud de algunos trabajadores temporales que incumplían este punto, y lo habrían hecho con la intervención del presidente de Infraestructures.cat, Oriol Güell.
Intervención de Oriol Güell
Este ingeniero -vinculado a ERC y firmante del manifiesto que pide la renovación de la cúpula del partido- habría emitido y firmado un certificado para beneficiar a dichos empleados, que serviría para convalidar la falta de titulación oficial, siempre según los denunciantes. Las mismas voces alertan de que el nombramiento a dedo de los miembros de los órganos de selección ("personal de máxima confianza personal y política" del presidente") ha ayudado a la admisión de los participantes.
En un comunicado al que ha tenido acceso este medio, los trabajadores movilizados contra este supuesto trato de favor recuerdan que Güell "carece de la mínima competencia legal para acreditar, homologar o convalidar experiencia profesional con titulaciones universitarias oficiales". Y advierten de que podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y de falsedad de documento público; también de haber vulnerado las bases de las oposiciones.
Dos contratos tumbados
El Confidencial informó la semana pasada del varapalo que el Govern de la Generalitat ha recibido por parte de los jueces por actuar con prisas e intereses escondidos. El Tribunal Catalán de Contratos Públicos ha anulado dos adjudicaciones por presuntas irregularidades, formalizadas sobre la bocina antes de los comicios al Parlament.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
Una de ellos benefició a Giny Comunicació, propiedad del empresario Guillem Carol -también cercano a ERC- y ascendía a 471.972 euros. Los servicios contratados consistían en la creación de contenido para la cuenta de la red social TikTok de la Generalitat para acercarse a los jóvenes. Una de las empresas que competían por el contrato denunció el proceso y la justicia encontró "incongruencias" y falta de argumentos, por lo que anuló el procedimiento el 6 de junio.
El segundo traspié judicial lleva la firma del Instituto Catalán de la Salud (ICS), cuyo contrato de un lote de material de ventilación y respiración por 2,8 millones de euros acaba de ser anulado también por graves irregularidades. La empresa Férmon-Indis denunció vulneración de las normas legales en los pliegos del concurso y alteración de las condiciones del concurso en una ampliación del plazo, entre otras cuestiones apreciadas por el tribunal.