Telefónica vuelve a contar con el Estado como primer accionista de la compañía más de un cuarto de siglo después de completar la última fase de su salida definitiva del capital de la empresa. Tras las últimas compras realizadas en el mercado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuenta ya con algo más del 8,5% de las acciones de la operadora, a lo que ha destinado una inversión aproximada en torno a 1.940 millones de euros.

El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha comunicado en las últimas horas este movimiento a la Comisión de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), después del que manifiesta tener bajo su control algo más de 484 millones de acciones de la compañía.

Efecto de la amortización

Una cifra que representa en principio un porcentaje del 8,41% del capital pero que se eleva ligeramente hasta el 8,53% por efecto de la reducción de capital llevada a cabo por la operadora como consecuencia de la amortización de un paquete de algo más de 80 millones de títulos que había adquirido previamente en un programa de recompra.

La nueva posición también se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque en este caso la SEPI se ha limitado a informar del traspaso del umbral del 8%.

Por encima de La Caixa

No obstante, en este caso el organismo público ha aclarado que la comunicación se ha realizado de forma voluntaria, toda vez que la normativa no le obliga a actualizar su participación hasta no haber traspasado el umbral del 10%; el mandato del Consejo de Ministros de finales de 2023 sitúa en este porcentaje el objetivo.

De esta forma, el Estado supera como primer accionista de Telefónica al entorno de La Caixa, que suma un 7,5% con las participaciones de Criteria, su holding de participaciones industriales, y Caixabank, entidad de la que es primer socio. 

Puesto en el consejo

Pese a que la saudí STC mantiene declarada una participación del 9,9% en la compañía que preside José María Álvarez-Pallete, sólo el 4,9% está físicamente en su poder; el resto está pendiente de la preceptiva autorización del Consejo de Ministros y el grupo controlado por el Reino de Oriente Medio lo conserva a través de instrumentos derivados.

Precisamente, la llegada de STC al capital de Telefónica ha sido el argumento en el que el Gobierno ha basado su decisión de que el Estado vuelva al capital de la operadora, a la que considera elevadamente estratégica por su papel como contratista de referencia en áreas críticas como Defensa, telecomunicaciones y ciberseguridad.

Tras superar el 7% del capital, la SEPI solicitó un puesto en el consejo de Telefónica, para el que ha designado como representante a Carlos Ocaña Orbis.

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