Paso a paso, el Estado está ya muy cerca de convertirse en el primer accionista efectivo de Telefónica. Tras las inversiones realizadas en los últimos días de la pasada semana, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya ha superado el umbral del 7% del capital de la operadora, en su camino hacia alcanzar el 10%, como figura en el mandato del Consejo de Ministros de finales de 2023.
A través de una comunicación realizada a la Comisión de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha declarado tener ya en su poder 407,5 millones de títulos de la compañía, equivalentes a casi el 7,1% del total.
En este mismo documento, la SEPI indica que el precio de medio de las compras, iniciadas en el mercado hace unos tres meses, ha sido de 3,973 euros, con lo que la inversión acumulada para llegar hasta el presente hito se ha ido por encima de los 1.615 millones de euros.
Cerca de La Caixa
La última actualización sobre la participación del Estado en la compañía que preside José María Álvarez-Pallete data de hace aproximadamente diez días cuando, también a través de una comunicación a la SEC, dio cuenta de haber superado el 6%.
De esta forma, la SEPI ya está muy próxima a superar la participación que suman los accionistas del entorno de La Caixa (su holding industrial Criteria y su participada Caixabank), que se sitúa actualmente en el 7,5%.
El consejero, ya
Precisamente, el hecho de haber situado su peso en el accionariado de Telefónica en las cotas indicadas hace a la SEPI acreedora de solicitar un puesto en el consejo de administración, como indica igualmente en su comunicación al supervisor estadounidense.
"Como resultado de su participación significativa en el emisor, la SEPI tiene derecho, bajo la normativa española vigente, a nombrar un representante en el consejo de administración", indica al respecto.
En este sentido, la SEPI ha aprovechado esta comunicación para confirmar de manera oficial que el elegido para tal cometido es Carlos Ocaña Orbis, tal y como ya había trascendido a lo largo de la tarde del martes, cuando incluso se mencionó la posibilidad de que el nombramiento se hiciera efectivo ya este mismo miércoles.
La decisión por parte del Gobierno de que el Estado volviera al capital de Telefónica, más de un cuarto de siglo después de culminar la privatización, llegó a raíz de que el grupo saudí STC se convirtiera en accionista de la operadora, al anunciar la adquisición de un 9,9% del capital.
Pendiente de la autorización
El Gobierno justificó el mandato dado al Consejo de Ministros por la defensa del interés general, al considerar Telefónica como una empresa notablemente estratégica dada su condición de actor relevante en sectores críticos como Defensa, telecomunicaciones y ciberseguridad.
Actualmente, la compañía de Oriente Medio aún aguarda la autorización que precisa de Moncloa para superar el 5% de Telefónica y alcanzar su objetivo final, por lo que tan sólo posee el 4,9% en forma acciones, mientras que el resto hasta el 9,9% permanece "reservado" a través de productos derivados.