La Generalitat añade un nuevo factor a la incertidumbre jurídica creada a raíz de las nuevas leyes sobre el mercado del alquiler de Cataluña. El Govern secesionista de ERC ha presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el tope al precio de los alquileres que ya había aprobado el Gobierno, al considerarlo insuficiente.

Según ha explicado la consellera de Territorio, Ester Capella, la Generalitat ha dado este nuevo paso al haber transcurrido el mes de plazo que le había dado al Gobierno para responder a su requerimiento de abril, donde exigía imponer un índice catalán de precios propio en la regulación española, para que ambos se aplicaran de forma simultánea y compatible en Cataluña.

Según Capella, la no aplicación de ambos índices de manera simultánea va contra Ley de Vivienda, ya que el texto legal sostiene, según ella, que "se promoverán los mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas" que hayan desarrollado sistemas de referencia de precios.

Sin medidas cautelares

La Generalitat, de todas formas, no pedirá medidas cautelares, ya que prefiere que se imponga el tope en vigor de los precios de los alquileres.

Capella ha afeado que el ministerio no haya dado respuesta al requerimiento, algo que ha calificado de "inverosímil". Y ha criticado que el Gobierno, según ella, incumpla sus propias leyes.

La consellera ha reclamado que el Gobierno "atienda a las cuestiones de las que es competente", y ha dicho que la Generalitat ha tenido que legislar para, en sus palabras, llenar los agujeros que dejó la ley estatal de vivienda.

Diferencias de índices

El Gobierno aprobó a mediados de marzo un sistema de rango de precios homogéneo para todo el territorio nacional que establece precios máximos y mínimos para una vivienda a partir de las características de la misma; en cambio, la Generalitat defiende un índice con una cifra única.

Otras diferencias entre los sistemas son que el estatal utiliza datos tributarios y el catalán utiliza datos del Institut Català del Sòl (Incasòl), y que el ámbito geográfico que se tiene en cuenta es distinto en cada caso.

La propuesta de la Generalitat para compatibilizar los sistemas es que el tope escogido siempre sea el que favorezca al inquilino: si el precio más bajo es el índice catalán, se aplica este, pero si este sobrepasa la cifra máxima del baremo estatal, se aplica el de alcance nacional.

En Cataluña se pagaría menos

Para justificar que la aplicación del índice catalán favorecería, según la Generalitat, a la ciudadanía, el Govern secesionista realizó un estudio con una muestra de 23.000 viviendas en alquiler que concluye que el índice catalán es más bajo que el estatal en el 79% de los pisos analizados.

Si se analizan los alquileres que actualmente se sitúan por encima de cada índice, el estatal haría bajar el precio un 6,2% de media y el catalán un 11,2%, y la combinación de los dos un 11,9%.

Según el informe, el catalán es especialmente efectivo en los pisos que ahora pagan un alquiler más alto, con una reducción del 11,7% frente a una del 7,3%.

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