Planta de BonÀrea en Guissona, donde está la sede de la CAG
El alcalde que autorizó los geriátricos de BonÁrea reingresó en la cárnica al salir del gobierno local
- Xavier Casòliva, primer edil de ERC, era trabajador en excedencia cuando el gobierno que encabezaba avaló el proyecto urbanístico
- Al dejar el Ayuntamiento de Guissona, volvió a la empresa cárnica que dinamiza de forma más destacada el territorio
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El alcalde que autorizó que los dueños del grupo BonÀrea abriera una nueva línea de actividad al operar residencias de mayores en Guissona (Lleida), las mayores de la provincia, se fue a trabajar a la cárnica tras salir del ayuntamiento. Xavier Casòliva (ERC) reingresó en la Corporación Alimentaria (CAG) de dicha localidad -era trabajador en excedencia- después de dos mandatos como primer edil cuando, entre otras decisiones políticas, su gobierno aprobó los cambios urbanísticos en el territorio que beneficiaron a la empresa.
Alertan de ello competidores del conglomerado alimentario, que recuerdan que Casòliva presidió la corporación en Guissona entre 2011 y 2019. Antes de su paso por la política en activo, trabajaba en la cárnica y, al dejar la alcaldía, regresó a la compañía.
Aprobó dos cambios urbanísticos
Los mismos interlocutores apuntan a que el movimiento laboral sería normal, más si se tiene en cuenta la economía de la zona y el peso de la cooperativa cárnica, pero tiene una arista que destacan. Casòliva avaló junto a su gobierno local decisiones que beneficiaban a la empresa alimentaria y nunca se inhibió en el proceso.
La mayor de ellas fue el doble cambio urbanístico aprobado en el sector SUD-7 de la localidad, el que permitió a la CAG iniciar su actividad en el sector de la tercera edad.
El exalcalde de Guissona, Xavier Casòliva (2d), en una visita a la CAG de Guissona
Geriátrico con más de 500 plazas
La modificación eliminó viviendas sociales de la planificación, pese a que Guissona es una de las pocas localidades de Lleida en las que el mercado inmobiliario está tensionado por la demanda de vivienda que provoca la propia cooperativa.
En este contexto, el ayuntamiento autorizó la construcción de dos geriátricos que son los mayores de la provincia, con más de 500 plazas. En el municipio solo hay 146 mayores de 85 años, tal y como destacan desde el sector.
Excedencia y regreso a la CAG
Esos cambios se iniciaron cuando el ayuntamiento propuso la recalificación de unas parcelas de 36.000 metros cuadrados en la zona de la Rambla dels Segadors. El mismo año, la Consejería de Territorio de la Generalitat, entonces dirigida por Junts, les dio el visto bueno.
Los cambios en el planeamiento entraron en vigor el mismo ejercicio, cuando se aprobó el plan parcial urbanístico de los que derivan el proyecto de reurbanización y reparcelación.
Discreción
Con ello, la Fundación de los dueños BonÀrea abrió la posibilidad de construir una residencia y pisos asistidos en dos fases: una primera con 190 plazas, y una segunda con otras 250. Es la mayor de la provincia.
Vista aérea del macrocomplejo residencial de BonÀrea en Guissona
Este medio ha preguntado a la CAG y al ayuntamiento si el primer edil, Xavier Casòliva, manifestó algún tipo de posibilidad de conflicto de interés cuando los dos gobiernos que dirigió aprobaron los cambios urbanísticos. No ha recibido respuesta.
Tampoco la ha recibido de Masanés Instalaciones, la empresa de placas solares en la que el exmunícipe es ahora gerente.
Se reincorporó a BonÀrea
Casòliva dejó de ser el alcalde de Guissona en las elecciones municipales de 2019. Jaume Ars, el candidato de Junts, le relevó en el cargo y desplazó a ERC como partido con más fuerza en la localidad.
El mismo año, según recuerda una fuente del sector residencial -y confirma el propio expolítico en su currículum-, el ya ex servidor público regresó a la Corporación Alimentaria como técnico.
Deber de no intervenir
Fuentes jurídicas señalan que el Ayuntamiento de Guissona debía ponderar si el alcalde entraba en un conflicto de intereses como se plantearía en el caso de Casòliva. Es decir, no intervenir en la recalificación de los terrenos que beneficiaban la nueva actividad empresarial de los dueños de la empresa cárnica por uin posible interés personal.
Así se destaca en varias leyes que rigen la política más pegada al territorio. Incluida la marco de las Administraciones locales, la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local (LBRL). En su artículo 76, la norma marco recuerda que si no se cumple el deber de abstención, las resoluciones administrativas incurren en peligro de "invalidez".
Al inicio de la tramitación no lo hizo
¿Se abstuvo Xavier Casòliva? El ayuntamiento no lo ha aclarado a preguntas de Crónica Global. Con todo, el acta del pleno en el que se aprobó el inicio de la tramitación del plan parcial urbanístico, que se celebró el 4 de febrero de 2016, muestra que como mínimo en esa sesión no lo hizo.
El pleno municipal del inicio del Plan Parcial SUD-7
Lo que es más, el primer edil tomó la palabra para defender el proyecto. Según el documento público, el inicio de la tramitación contó con los "votos de los 13 concejales del ayuntamiento asistentes al pleno".
Polémica por los Next Generation
Ocho años después, las residencias de la CAG han aterrizado en la controversia porque parte del sector afea que captaran 11 millones de los fondos europeos Next Generation "cuando la mayoría de pymes de la industria no han visto ni un euro".
Parte de los operadores lamentan que el dinero comunitario se inyecte en un conglomerado "que busque abrir una nueva línea de negocio", y no en las residencias de mayores de Barcelona y su área metropolitana, donde hay mucha más demanda de plazas que en el municipio leridano y que, por lo tanto, están más tensionadas.
