Abertis se queda sin los más de 4.000 millones de euros que reclamaba al Estado como compensación por los trabajos de ampliación de la AP-7 que realizó en 2006 tras un acuerdo con el Gobierno cuyo equilibrio económico-financiero se vio alterado por las caídas de los tráficos en los años sucesivos.

El Tribunal Supremo ha desestimado esta petición al entender que el convenio que estipulaba las condiciones de ese acuerdo no incluía un acuerdo en relación con la transferencia del riesgo de demanda ni una garantía de tráfico en favor de la empresa, contrariamente a la interpretación de Acesa, filial de Abertis que era titular de la concesión.

Caídas en bolsa

Incluso, el Alto Tribunal apunta que un hipotético acuerdo en este sentido sería contrario al régimen jurídico de las concesiones de autopistas dado que eliminaría por completo el riesgo.

Tras conocerse el contenido de la sentencia, las acciones de ACS, que mantiene una participación del 30% en la concesionaria, se dejan cerca de un 10% en bolsa; por su parte, su filial alemana Hochtief, que también participa en el capital de Abertis, se desploma en proporciones similares en la plaza de Francfort.

Ampliar la concesión

El origen del conflicto se remonta a 2006. Por entonces, los frecuentes atascos que se registraban en la vía llevaron al Gobierno y la concesionaria a pactar la ejecución de una serie de obras para la construcción de carriles adicionales en puntos de gran afluencia de tráfico.

Las inversiones correrían a cargo de Acesa que, a cambio, obtuvo una prolongación de la concesión hasta mediados de 2021, con el fin de que tuviera la oportunidad de recuperar esos montantes, en función de los volúmenes del tráfico que se registraran, con la base de unos cálculos basados en previsiones. 

Efecto de la crisis

El problema llegó cuando poco después la afluencia de automóviles descendió de forma drástica como consecuencia de la crisis financiera iniciada a la finales de aquella década y que se prolongó, con mayor o menor intensidad, hasta aproximadamente mediados de la siguiente.

Una circunstancia que hizo saltar por los aires las estimaciones contempladas en el convenio entre el Gobierno y la filial de Abertis, que procedió a reclamar en los tribunales una compensación que, bajo su interpretación del contrato, le correspondía y que, además, iba en aumento año a año, toda vez que las cifras siempre estuvieron por debajo de lo programado.

Hasta el Supremo

Tras vencer la concesión, la gestión de la autopista revirtió al Estado y el Consejo de Ministros adoptó en febrero de 2022 un acuerdo para compensar en 1.070 millones de euros las obras realizadas, medida que fue impugnada por Acesa.

La compañía consideró que la cantidad que le correspondía en virtud del convenio era de 5.373 millones de euros, como consecuencia de los déficit de tráficos acumulados durante los últimos años, de modo que procedió a reclamar la diferencia. El pleito ya había llegado por entonces al Tribunal Supremo, que determinó en un primer momento aguardar la finalización de la concesión para analizar la situación y decidir al respecto.

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