El Gobierno contará con nuevo asesor para gestionar la futura venta del paquete del 17,3% que el Estado mantiene en Caixabank. Se trata de la firma británica STJ Advisors, que se ha impuesto en el proceso de licitación con una agresiva oferta económica que incluye una baja del 55% en relación con el presupuesto base.
STJ, que sucede en este cometido a Arcano, se encargará de la labor durante este año, aunque el contrato podrá ser prorrogado por 12 meses y en dos ocasiones, con lo que podría extenderse hasta finales de 2026.
Un año y dos prórrogas
La entidad británica se ha impuesto en el proceso a Asesores Financieros Internacionales (AFI), que también pujaba por el contrato, con una oferta de 80.000 euros, notablemente inferior a los 180.000 euros anuales que contemplaba el presupuesto base.
De este modo, si finalmente se hicieran efectivas las dos prórrogas, el coste total para las arcas públicas sería sólo un tercio superior al que tenía previsto destinar en un año.
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De hecho, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo público que ostenta la participación en Caixabank, aplicó en un primer momento el procedimiento para recabar más información a STJ al entender que su propuesta podría incurrir en "anormalidad".
La justificación de la entidad británica convenció a los servicios técnicos del FROB, por lo que se procedió finalmente a la adjudicación.
Un paquete de 5.000 millones
En principio, el Gobierno cuenta hasta finales de 2025 con plazo para enajenar el activo, aunque podría extenderlo, como viene haciendo desde el ejercicio 2013. La participación proviene del proceso de toma de control de Bankia, realizado en su día tras el rescate público de la entidad con fondos europeos, con el compromiso de retornarlos.
Tras la fusión de esta entidad con Caixabank, la participación pública pasó a la entidad resultante de la operación. A precios actuales de mercado, el porcentaje en manos públicas está valorado en cerca de 5.000 millones de euros.