El empresariado catalán exige a los políticos que dejen de “mercadear” con iniciativas económicas

La sesión parlamentaria del pasado miércoles, en la que el Gobierno logró sacar adelante una ley ómnibus gracias a sus controvertidos acuerdos con los partidos secesionistas -entre ellos, Junts, que asegura haber conseguido el compromiso del PSOE para propiciar el regreso a Cataluña de las miles de empresas que se marcharon por la inseguridad jurídica del procés- ha generado inquietud en el empresariado catalán. Su principal patronal, Foment de Treball, ha reclamado este viernes a los Ejecutivos central y autonómico, y a los partidos en general, "dejar la actividad económica fuera del mercadeo político", advirtiendo además de que la situación política actual está provocando "un freno" en este ámbito.

La entidad que preside Josep Sánchez Llibre ha reaccionado así a las últimas medidas políticas acordadas en materia del diálogo social, como el incremento del Salario Medio Interprofesional (SMI), o el propósito de Junts de sancionar a las compañías que huyeron de Cataluña por el procés si no regresan.

"Freno a la actividad económica"

Foment ha expresado en un comunicado su "preocupación" por "el actual contexto político", que asegura que está causando "un freno a la actividad económica".

"La imprevisibilidad y el desconcierto provocados por los diferentes procesos de negociación entre partidos y Gobiernos de todo tipo comporta, por un lado, desconfianza y, por otro lado, inacción", señala la patronal en su nota.

"Situación irrespirable para la actividad empresarial"

Asimismo, advierte de que "el mercadeo de propuestas fiscales, sociales y económicas de todo tipo, en el proceso de varias negociaciones, conduce a una situación irrespirable para la actividad empresarial en todos sus ámbitos; desde el laboral al inversor".

Por ello, la patronal catalana pide "respeto" para los empresarios y a la seguridad jurídica. Y considera "desconcertante y decepcionante" la "ligereza con que se están tratando cuestiones capitales como el diálogo social o el planteamiento de sancionar o incentivar empresas" para que regresen a Cataluña.