El decreto del Govern de la Generalitat contra los pisos turísticos se enfrenta a nuevos obstáculos. Además de su dudoso encaje legal y las consecuencias negativas que puede tener para la economía local de los municipios más turísticos de Cataluña, la nueva norma puede toparse contra la postura de la Unión Europea. Bruselas aboga por una regulación armonizada que difiere de la propuesta legislativa del territorio.
El Ejecutivo autonómico, que pretende impulsar el cambio normativo por la vía de urgencia, se encuentra ante una compleja situación. De entrada, aunque el Constitucional catalán ha decidido no interferir en la aprobación del decreto, Aragonès depende de los partidos de la oposición para la convalidación parlamentaria del texto. ERC gobierna con una minoría de 33 escaños sobre 135 de la Cámara catalana, por lo que tendrá que tejer complicidades con el resto de grupos del hemiciclo.
Advertencias de Competencia
Los republicanos no inician esta negociación política desde un punto de partida demasiado halagüeño. El municipalismo ha protestado por quedarse al margen de una legislación que será lesiva para la economía local -tanto, que hasta se han opuesto al redactado inicial de la norma grupos ecologistas de la Costa Brava-, y los grandes empresarios del sector ya han avanzado que cuentan con complicidades en grandes grupos parlamentarios de las Cortes para recurrir al Tribunal Constitucional. A todo ello, se le suman los obstáculos europeos.
En este contexto, la Autoridad Catalana de Competencia ha lanzado un contundente aviso al Govern respecto a la normativa. Si bien ha avalado su tramitación, ha advertido de que la propuesta, tal y como está planteada, “no supera el análisis de necesidad y proporcionalidad, inherente a la buena regulación del mercado”.
Además, señala que la “regulación impuesta [en el decreto ley] con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda y contribuir a revertir el problema de acceso a la vivienda permanente en Cataluña que prevé no es apropiada para garantizar la consecución de estos objetivos”. Es decir, facilitar el acceso a la vivienda habitual. Incluso propone una alternativa más sencilla para conseguir este efecto: el “establecimiento de determinados estímulos fiscales”.
Reunión semanal del consell executiu de la Generalitat
El precedente de Irlanda
Algunos países del bloque ya han impulsado normativas al respecto y se han encontrado con la fiscalización de las instituciones comunitarias. Es el caso de Irlanda, que en abril de 2023 se encontró con la oposición de la Comisión Europea a las propuestas de regulación de viviendas vacacionales en la república. Bruselas argumentó que carecían de suficiente evidencia para justificar las restricciones y no estaban alineadas con la legislación europea, hecho que genera un precedente para la Generalitat.
La Comisión destacó varias preocupaciones. Entre ellas, la falta de justificación para restricciones en viviendas principales, la ausencia de evidencia de proporcionalidad en las restricciones propuestas y la aplicación indiscriminada de las leyes en áreas rurales. Además, dejó claro que ninguna autoridad local o nacional debería regular el intercambio de datos de alquileres a corto plazo, pendiente de la entrada en vigor de la propuesta de la UE.
Advertencias a Portugal
Portugal se ha enfrentado recientemente a críticas por incluir restricciones a las viviendas de uso turístico en un proceso legislativo. La Comisión Europea ha advertido a Portugal sobre la necesidad de notificar este tipo de propuestas en virtud de la Directiva de Servicios.
El presidente de la República incluso vetó la ley, lo que refleja la controversia en torno a estas medidas. La CE monitorea de cerca estos acontecimientos, lo que indica su atención a este tipo de normativas en varios países comunitarios.
Sede de la Comisión Europea en Bruselas, en cuyas manos está la distribución de los fondos europeos de recuperación / EUROPA PRESS
Dudas sobre su legalidad
Lo que está claro es que, en esta ocasión, el Europa nos mira que tantas veces ha entonado el independentismo puede volverse en contra de los intereses del Govern. La intención legislativa ha recibido la luz verde del Consejo de Garantías Estatutarias, pero persisten las dudas legales sobre su futuro.
Expertos juristas han identificado los puntos de la normativa que generan inseguridad jurídica. Las principales, que expropia licencias vigentes sin indemnizar, invade otras leyes (tanto españolas como comunitarias) y que omite el debate necesario con las partes afectadas.
Todo ello es lo que analizaría el Tribunal Constitucional. Y los propietarios de licencias vigentes ya han avanzado que pelearán incluso para buscar compensaciones por daños económicos si el Govern aplica la normativa tal y como plantea en la propuesta presentada y recibe un varapalo judicial.
¿Más alquiler?
También se cuestiona la afirmación de la Generalitat de que restringir la operativa de plataformas como Airbnb sea una fórmula para resolver el problema de acceso a la vivienda en Cataluña y que rebajará los alquileres. Incluso desde la oposición se advierte de que es naíf plantear esta respuesta y se exige un plan articulado con diversas políticas. La principal, avanzar en la construcción del parque público.
Los apartamentos turísticos con licencia sólo representan el 2% del parque de vivienda catalán. La normativa en tramitación parlamentaria cae de nuevo en el intervencionismo de un mercado en el que, según prácticamente todos los expertos, falta oferta.
La escasez de inmuebles en alquiler se agrava todavía más por este tipo de medidas que crean inseguridad jurídica en los propietarios. Limitar los alquileres en Cataluña ya provocó una caída del 15% de la oferta en la región, según datos de los agentes inmobiliarios (COAPI). Ahora, se incide en una política con dudosos resultados reales.