El decretazo del Govern de Pere Aragonès contra los pisos turísticos plantea serias dudas acerca de su constitucionalidad. El hecho de que la Generalitat lo quiera tramitar con urgencia y como decreto ley, además de suscitar polémica, dificultará cualquier recurso judicial que intente desafiar su legalidad, dejando abiertas solo las lentas vías ante el Tribunal Constitucional o las instancias europeas.
Juristas especializados en derecho constitucional y administrativo aprecian sombras en el encaje legal de la nueva normativa, que espera el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. No solo plantea inseguridad jurídica y una posible invasión de competencias, sino que podría chocar con la normativa vigente tanto en España como en la Unión Europea.
Ester Capella, 'consellera' de Territorio
Contra la ley catalana de turismo
De hecho, la regulación contra los apartamentos turísticos podría colisionar incluso con la ley catalana de turismo. Y es que para la elaboración del texto, la Consejería de Territori de Ester Capella se ha coordinado poco con la Direcció General de Turisme de la Generalitat, y en general, ha tenido poca interlocución con los agentes afectados, que son numerosos.
En un coloquio organizado por la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), un profesor universitario y un abogado han analizado la norma. En el acto, celebrado este viernes, han participado Juan Manuel Trayter Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona, y Pablo Molina Alegre, especialista en urbanismo y derecho constitucional.
El coloquio sobre las dudas legales del decretazo turístico
El Govern mide la urgencia en lustros
Durante el simposio se ha destacado que esta regulación atenta contra el principio de autonomía muncipal (uno de los puntos que puede impedir que PSC y Junts permitan su tramitación en el Parlament) al invadir competencias urbanísticas y que las corporaciones locales ya cuentan con herramientas para controlar el sector. "Un 50% de los municipios catalanes afectados por el decreto ley ya han regulado las viviendas de uso turístico", han explicado los ponentes, que han hecho hincapié en que es injustificado impulsar una norma de este calado a golpe de decretazo.
Una figura más adecuada sería recurrir a los procedimientos legislativos ordinarios, pero ello generaría un debate parlamentario en el que se evidenciaria la minoría de ERC, que gobierna con solo 33 diputados de un total de 135 en el Parlament. "No puede haber una necesidad urgente y extraordinaria si se requiere un desarrollo posterior del planeamiento urbanístico para cada municipio y se da un plazo de cinco años para hacerlo", han explicado los expertos.
El coloquio sobre las dudas legales del decretazo turístico
"Vicio de inconstitucionalidad"
Otro aspecto a considerar es que la nueva normativa obstaculiza la libertad de empresa y de la actividad económica y crea un control administrativo más férreo que en el resto del territorio. Asimismo, puede suponer una derogación de facto de la Llei de Turisme, además de modificar de forma sustancial la ley de vivienda.
"No es suficiente alargar cinco años las licencias ya otorgadas", han subrayado los juristas, que creen que habría que indemnizar a los titulares de licencias de apartamentos turísticos concedidas por la Generalitat antes de la entrada en vigor del decreto, ya que estamos ante una expropiación forzosa. No hacerlo "incurre en un evidente vicio de inconstitucionalidad".