Los acreedores de Celsa exigen un traspaso de poder exprés con los Rubiralta

Apenas un mes después de la decisión judicial que avaló el cambio de propiedad de Celsa, el proceso para el traspaso de poderes se ha puesto en marcha. Un procedimiento complejo que la mayoría acreedora del grupo siderúrgico, que pasará a controlarlo, desea acelerar al máximo. En este punto, sus intenciones chocan con las del Gobierno, que debe autorizar en último término la operación y que maneja tiempos algo más acompasados.

Hace unos días, los acreedores que pasarán a ser accionistas mayoritarios de Celsa, en detrimento de la familia Rubiralta, manifestaron públicamente su conformidad con las condiciones que el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña impondrán para dar el visto bueno a la operación. 

Empleo, sede y socio industrial

Se trata de compromisos para garantizar el mantenimiento de la sede, de los centros de trabajo y la capacidad productiva en España, así como la viabilidad financiera del grupo. Además, también se incluye la confección de un órgano de administración con una mayoría de independientes y la incorporación de un socio industrial que tome una participación minoritaria y refuerce con su experiencia la gestión de Celsa en su nueva etapa. 

Hasta ahora, la sintonía entre las partes ha sido satisfactoria. Los nuevos propietarios, en su mayoría fondos de inversión internacionales, han aceptado las condiciones e iniciado los trámites en cuanto a la autorización del Consejo de Ministros para la inversión, con el fin de acelerar el proceso y comenzar cuanto antes su gestión.

Rafael Villaseca presidirá la nueva Celsa tras el cambio de control

En este sentido, ya ha comenzado a cumplir parte de los compromisos con gestiones para articular el consejo de administración, que tendrá al exconsejero de Gas Natural Fenosa (en la actualidad, Naturgy) Rafael Villaseca como presidente no ejecutivo.

Sin embargo, Moncloa no maneja los mismos tiempos ni tampoco contempla las mismas urgencias. Fuentes conocedoras de la situación apuntan a que el área económica del Gobierno prefiere tomarse las cosas con algo más de calma en este caso para observar el avance de los citados compromisos. 

Cumplimientos paulatinos

Una visión diferente a la de los fondos, que buscan una autorización "exprés", dado que el acuerdo acerca de las condiciones es total, para asumir cuanto antes el control de Celsa y poder empezar a aplicar las primeras medidas sobre las que pivotará la gestión. 

Tras la designación de Villaseca y los trámites burocráticos, "el resto de compromisos se irá implementando a medida que avance el proceso", apuntaba el comunicado emitido por los fondos esta semana.

El Gobierno es más partidario de la fórmula inversa, en especial en lo que se refiere a la incorporación de un socio industrial de capital español que afiance el compromiso de la empresa con el país donde tiene su sede y la mayor parte de sus centros de trabajo.

Se trata de uno de los puntos más delicados del proceso de traspaso de poderes, para el que ya se han puesto sobre la mesa algunos nombres, como son los casos de Sidenor y Grupo CL. El porcentaje del capital a asumir por el potencial inversor estaría en el entorno del 25%.

Un Gobierno en funciones

Otro de los factores que juega en contra de acelerar el relevo de los Rubiralta a los mandos de una de las mayores corporaciones industriales de España es la actual situación del Ejecutivo en funciones, mientras discurren las conversaciones para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, al que el Rey Felipe VI encomendó hace unos días la formación de Gobierno tras el intento fallido del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.  

Un escenario que podría prolongarse en el tiempo si, finalmente, el actual presidente en funciones no alcanzara su objetivo y el país se viera abocado a la disolución de las Cortes y la celebración de nuevos comicios, a comienzos de 2024.

En cualquier caso, la maquinaria está en marcha y los próximos avances no se harán de rogar, en un proceso que igualmente llama la atención por lo inédito, dado que el elemento fundamental que lo ha hecho posible es un texto normativo que cuenta con poco más de un año de vigencia.