El empleo y la sede: las únicas condiciones del Gobierno a la nueva propiedad de Celsa

El traspaso de poderes en Celsa, tras la homologación judicial del plan de reestructuración de la mayoría de los acreedores, no será vetado por el Gobierno español, aunque sí contará con algunas condiciones, principalmente relacionadas con el compromiso de mantener la sede y los centros de producción en España, así como los puestos de trabajo.

El Ministerio de Industria confirmó tras conocerse el fallo judicial, que otorga el control de la empresa a los tenedores de la deuda, que el cambio de propiedad debería contar con la aprobación del Consejo de Ministros, dado que la mayoría de ellos son inversores extranjeros que tomarán más del 10% del capital de una empresa considerada como estratégica, como es el caso de Celsa.

Situación conocida 

La intervención del Ejecutivo en este caso se había puesto en duda, toda vez que no se trata de una inversión directa sino de una capitalización de deuda; no obstante, la situación es bien conocida por el actual Gobierno dado que, previamente a la presentación del plan de reestructuración, el Consejo de Ministros sometió a aprobación la concesión de dos préstamos públicos para ayudar a la compañía a resolver su delicada situación financiera, por un valor total de 550 millones de euros.

Fue en su día el mayor rescate llevado a cabo por el fondo articulado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) destinado a compañías que se hubieran visto notablemente lastradas por las consecuencias de la pandemia, aunque todo parece indicar que, finalmente, no terminará por desembolsarse. 

A falta de un análisis más pormenorizado y al desarrollo del correspondiente expediente, el Gobierno tiene claro que deberá establecer como una de las prioridades la conservación de los puestos de trabajo, un aspecto en el que ha insistido reiteradamente en los casos en los que ha tenido que determinar sobre una situación similar. 

En este caso, se da la circunstancia de que esa exigencia también aparece mencionada en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que da el visto bueno a la estrategia de los fondos y echa por tierra los argumentos de la familia Rubiralta, propietaria hasta ahora de Celsa, que sostenía que el grupo era y podía seguir siendo solvente bajo su dirección y plan de negocio.

Muchas dudas

Pese a que los fondos han mencionado en ocasiones que su estrategia para controlar Celsa no afectaría a los puestos de trabajo, este compromiso ha sido puesto en duda tanto por los Rubiralta como por los representantes de los trabajadores e incluso por las Administraciones Públicas, que acusaron a los acreedores de tener como objetivo único la rentabilidad, con independencia del futuro de los empleos. 

Algo similar ha sucedido con el mantenimiento de la sede y los centros de producción en España, toda vez que algunas de las fórmulas propuestas en su día por los fondos para intentar alcanzar un acuerdo con los Rubiralta incluía el establecimiento de sociedades instrumentales fuera del país, que hicieron saltar las alarmas sobre la intención de los acreedores. 

En este sentido, el Gobierno se asegurará de que Celsa no abandone su sede, dado que lo contrario supondría perder un puntal de la actividad industrial en el país. 

Las condiciones del Ejecutivo contribuirán asimismo a allanar el camino de una transmisión de la propiedad que no se antoja sencillo, dado el tamaño del grupo, su relevancia en el panorama industrial, especialmente en Cataluña, y las circunstancias en las que se ha producido, con un nuevo marco legislativo y un proceso judicial de por medio. 

La figura de Villaseca

En este plano, otro de los factores que contribuirá a suavizar el proceso es la decisión de los futuros propietarios de Celsa de designar a Rafael Villaseca como presidente de la empresa. 

Jalonada por una trayectoria de 15 años como consejero delegado de la antigua Gas Natural Fenosa (actualmente, Naturgy), la de Villaseca es una figura ampliamente reconocida en el panorama empresarial y de reconocido prestigio. 

Su conocimiento de la industria y del territorio y su llegada al empresariado catalán, incluida la patronal Foment del Treball, de la que ha formado parte, facilitará que la nueva Celsa sea contemplada con menores recelos de lo que hubiera sido si los futuros accionistas hubieran optado por alguien desconocido y sin experiencia en España.

Además, Villaseca no ha dejado la primera línea empresarial, dado que forma parte de algunos consejos de administración, como es el caso de Cementos Molins y Vidacaixa; también ejerce la presidencia de la Fundación Naturgy, que podrá compatibilizar con su nuevo desempeño al frente de Celsa, de acuerdo con fuentes conocedoras de la situación.