Foment del Treball se ha pronunciado tras el desenlace del caso Celsa. En un comunicado, la patronal ha emplazado a los nuevos propietarios de la siderúrgica, los fondos acreedores que han tomado el control de la empresa de los Rubiralta tras la sentencia del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, a asegurar la actividad del grupo en Cataluña, así como sus 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos.
La patronal ha avanzado que se reunirá con los nuevos dueños para conocer en detalle sus planes de viabilidad y sus inversiones de futuro. "Se trata de una compañía estratégica y esencial para el país, líder en la siderúrgica circular y actor protagonista de la innovación en su sector a nivel internacional. Por eso es relevante mantener la actividad industrial", señala la patronal.
Foment, papel mediador
Para remar en esta dirección, la organización liderada por Josep Sánchez Llibre también dialogará con los representantes del Gobierno y de la Generalitat para atar la actividad de Celsa en la comunidad. De hecho, el Govern ya ha avanzado que se reunirá tanto con los fondos como con los Rubiralta.
En esta línea, ha insistido en pedir que no haya una disolución o descabezamiento de las unidades de negocio y que se dé "prioridad absoluta a los criterios de gestión industrial a largo plazo, sociales y sostenibles".
Los fondos se mueven
Este mismo miércoles, los fondos han informado de que el exconsejero delegado de Gas Natural Fenosa (actual Naturgy) y presidente de la Fundación Naturgy, Rafael Villaseca, liderará el nuevo consejo de administración del grupo industrial.
Tras la homologación del plan de reestructuración de la deuda, tan solo media la autorización expresa del Gobierno para ejecutar el cambio de propiedad --un requisito que los ya exdueños de la corporación esgrimieron en un último intento por diferir la decisión judicial--. El juez ha designado a Lexaudit, el asesor que elaboró la estrategia de reconversión de la deuda en acciones, para llevar a cabo esta operación.