Así defiende el juez de lo mercantil el libre mercado en el 'caso Celsa'

La sentencia sobre el caso Celsa, que homologa el plan de reestructuración propuesto por los fondos acreedores y deja en sus manos la propiedad de la siderúrgica, también lleva a cabo una defensa del libre mercado como ámbito de desarrollo de la actividad económica.

"En un mundo globalizado, en el marco de una moderna economía competitiva sin barreras artificiales de entrada, ni atávicos proteccionismos que enmascaran privilegios injustificados, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica", recoge la resolución firmada por el juez Álvaro Lobato. "Y todos aquellos que participan en el juego, entre ellos los fondos acreedores, lo saben y solo pretenden, legítimamente, maximar su valor", añade.

Defensa de los fondos

El excurso del juez se vincula con la pregunta de por qué los bancos vendieron la deuda por debajo de su valor facial -así se denomina al valor nominal o actual de la deuda- a las firmas de inversión, capitaneados por Goldman Sachs y Deutsche Bank.

"Es cierto que los acreedores han comprado sus créditos a los tenedores originales -la banca tradicional- con importantes descuentos muy por debajo del nominal. Pero eso, en mi opinión, no les convierte en usureros", añade.

Contra los reproches moralistas

Al revés, Lobato vincula este comportamiento económico con el mismo de un "consumidor cuando acude a un mercado rebajado en busca de una oportunidad". "No hay nada inmoral o reprochable en ello. Al contrario, es una palmaria demostración de cómo los mercados eficientes asignan extraordinariamente bien los recursos", razona el juez.

También merece atención la refutación de los reproches moralistas dirigidos a los fondos. Así, se desechan acusaciones como las de "'fondos oportunistas', 'fondos buitres', de buscar un 'pelotazo financiero' o 'pretender una expropiación de los accionistas del Grupo Celsa'".

Razonamiento económico

Pese a estas consideraciones, Lobato no pierde ocasión de mandar una advertencia a los fondos sobre el futuro de la compañía que acaban de asumir. Precisamente en línea con los razonamientos económicos que el magistrado sitúa como centro de gravedad, reclama a los acreedores que "deben cumplir estrictamente sus compromisos".

Esto supone incrementar "el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto".