Cataluña lidia con un nuevo obstáculo en el despliegue de las renovables. La comunidad afronta el vencimiento de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica de numerosos proyectos de energía limpia. El motivo: la no obtención de las declaraciones favorables de impacto ambiental por parte de la Generalitat.
De resultas, estos promotores perderán las autorizaciones concedidas por Red Eléctrica (ahora Redeia) y deberán pujar de nuevo por los puntos de conexión. Además, podrían ver ejecutadas las fianzas depositadas por la obtención de dichos permisos, lo que daría pie a potenciales reclamaciones por agravio patrimonial. Y, por último, no podrán seguir adelante con la tramitación de los pliegos hasta la obtención eventual de la autorización administrativa previa y de construcción de la Generalitat.
Inversiones en el aire
Fuentes del sector reconocen a Crónica Global que esta coyuntura dificulta aún más la consecución de los objetivos del Govern, consignados en la estrategia Proencat 2050. Si el territorio ya ocupaba el furgón de cola nacional de las energías verdes, el limbo en que quedan muchos proyectos pone en duda las expectativas del Ejecutivo autonómico.
Según los datos recopilados por el blog dialEc, cuyo autor es Jaume Morrón, en el caso de la eólica esta situación afectaría a instalaciones que hubieran sumado 934,5 gigavatios hora (GWh) al año y una inversión de 297,4 millones de euros. Respecto a la fotovoltaica, las instalaciones a las que habrían caducado los permisos de acceso hubieran aportado una generación de 2,3 GWh anuales con un desembolso asociado de 813,6 millones.
Cataluña, rezagada
Como alertó en junio el Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña (Obercat), el año pasado la comunidad generó 0,9 teravatios hora (TWh) renovables menos que el año anterior y la cobertura de la demanda eléctrica con estas fuentes cayó más de dos puntos porcentuales, llegando solo al 13,1%.
La región sigue fiando su producción eléctrica fundamentalmente a la nuclear y los ciclos combinados, que sobrepasan el 70% del mix eléctrico autonómico. "En 2022, la energía que se ha generado y consumido en Cataluña ha sido más sucia, menos autóctona y menos renovable que en 2021", concluyó el observatorio.
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"Culpa compartida"
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? El director general de Sunowatt y delegado en Cataluña de Unef, Salvador Salat, explica que la "culpa es compartida" entre los promotores y la Administración. "Por un lado, hubo empresas que entre 2017 y junio de 2020 solicitaron permisos de la red de transporte sin contar con ningún proyecto firme, sin haber buscado siquiera las fincas donde ubicar las instalaciones". "No tuvieron prisa en hacerlo y no pidieron la autorización administrativa con rapidez", añade.
Esto no hubiera sido un problema sustantivo de no haberse modificado en 2020 el régimen jurídico sobre los derechos de acceso y conexión a la infraestructura eléctrica. A partir de ese año, pasaron a tener un plazo máximo de cinco años, momento en el cual caducaba su validez.
Atasco burocrático
Aquí es donde entra en juego la lentitud de la Administración catalana: "No hemos contado con criterios claros de tramitación hasta bien entrado 2021". Por tanto, cuando ha habido que correr para conseguir el plácet burocrático la falta de coordinación, sumado al alud de propuestas, han colapsado la capacidad de gestión de las autoridades autonómicas. Esta situación condujo a una inusual entente entre Pimec, Foment del Treball y la Cámara de Comercio de Barcelona para exigir más agilidad al Govern.
En el caso concreto de Cataluña, el órgano encargado de autorizar o denegar los proyectos de hasta 50 megavatios (MW) es la ponencia de energías renovables, una comisión interdepartamental de la Generalitat.
Escenarios de futuro
Actualmente, los promotores sondeados por este medio reconocen que la comunidad ha acortado los plazos de tramitación hasta una horquilla de entre uno y dos años por proyecto. Aunque manifiestan que aún no se han acelerado suficientemetne los trámites.
Ante esta situación, Salat considera que el problema más grave no es la ejecución de los avales -"puede que se presenten demandas patrimoniales, aunque deberá verse caso a caso", y añade que "en otras ocasiones se han condonado porque la responsabilidad ha estado repartida"-, sino la misma pérdida del derecho de conexión. "Deberá volver a salir a concurso y ganarlo", sentencia. Mientras tanto, Cataluña seguirá dependiendo de las centrales nucleares de Tarragona y del gas.