El sector inmobiliario catalán presenta alegaciones al límite de los alquileres de la Generalitat

Siete entidades representativas del sector de la promoción, la intermediación y la administración de viviendas han presentado alegaciones a la resolución de la secretaría de Vivienda de la Generalitat de Cataluña que propone el control de los precios del alquiler en 140 municipios porque considera que "contraviene" la Ley de la Vivienda.

El comunicado de prensa lo firman el Consejo de Cámaras de Cataluña, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de edificios de Cataluña, el Colegio de Administradores de fincas de Barcelona-Lleida y el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña.

Argumentos

Las alegaciones se centran especialmente en el incumplimiento del procedimiento establecido en la Ley de la Vivienda, al exigir el control de precios del alquiler como única medida para reducir los desequilibrios entre la oferta y la demanda, "renunciando a la actuación de los poderes públicos" para solucionar el acceso a la vivienda.

Las entidades también aseguran que no hay una memoria justificativa para ninguno de los 140 municipios declarados como zonas de mercado residencial tenso (ZMRT), tal y como exige la ley.

Del mismo modo, encuentran a faltar un plan específico con las medidas necesarias para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que el objetivo de la declaración de ZMRT no es, en sí mismo, controlar el precio del alquiler sino orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda.

Choque de competencias

Además, la resolución de la Generalitat establece que el sistema de índice de precios de referencia a aplicar en Cataluña en las ZMRT lo elabora por la Agència de l'Habitatge de Catalunya, cuando la ley recoge que el índice que se debe utilizar lo tiene que elaborar el Ministerio de Transportes.

El sector también se queja de que el acuerdo de declaración de ZMRT de 140 municipios catalanes, donde reside el 80,6 % de la población, se ha elaborado sin haber consultado ni informado a los ayuntamientos de dichas localidades, lo que "vulnera el principio de autonomía local".

Además de presentar las alegaciones, estas entidades del sector inmobiliario reconocen la existencia de crecientes desequilibrios entre la oferta y la demanda de vivienda en el área metropolitana de Barcelona y en grandes ciudades, pero entienden que el control de los precios del alquiler "no es una solución optima".

Falta de viviendas de protección oficial

Asimismo, consideran que uno de los principales problemas que tiene el alquiler en Cataluña es que la Administración no ha producido viviendas de protección oficial, ya que entre el 60% y el 80 % de las mismas las han impulsado promotores privados.

Han denunciado que, entre enero de 2014 y abril de 2023, en Cataluña sólo se han calificado 1.883 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, de las que el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) sólo ha iniciado un 30 %.