El TSJC decidirá sobre el gran 'rescate' del Eix Transversal de Aragonès

La concesionaria Cedinsa ha recibido un revés del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP). El organismo ha inadmitido el recurso especial en materia de contratación interpuesto en diciembre de 2022 contra la polémica liquidación anticipada del contrato de explotación de la autopista C-25, más conocida como el Eix Transversal. Esta vía, inaugurada en 1997, conecta Cervera con Riudellots de la Selva a través de 154 kilómetros de asfalto.

La gestora de la autopista, participada por la francesa Vauban Infrastructure Partners, aún tiene vivo el recurso contencioso-administrativo que presentó anteriormente, en noviembre de 2022, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tan sólo fueron rechazadas las medidas cautelares solicitadas por la privada, pero el pleito sigue abierto.

Imagen aérea del Eix Transversal Europa Press

Polémico 'rescate'

Este camino alternativo se perfila ahora como la única baza para intentar revertir el rescate de la C-25 por parte del Govern. La maniobra costó al erario la friolera de 479 millones de euros y fue criticada tanto por las organizaciones empresariales como por el jefe de la oposición, Salvador Illa.

En la resolución del organismo, fechada el pasado 19 de julio y a la que ha accedido Crónica Global, se rechazan las pretensiones de la concesionaria por "haberse presentado contra un acto impugnado previamente en vía contenciosa-administrativa y concurriendo los demás elementos exigibles por apreciar litispendencia".

Recursos solapados

Es decir: se considera que la doble vía de recusación desplegada por Cedinsa, primero por vía judicial ante el TSJC y después por vía administrativa ante el TCCSP, podría conllevar el "riesgo de dictar una resolución incoherente o contradictoria".

Ante este solapamiento, el árbitro de la contratación pública tumba el recurso sin entrar en el fondo del asunto, que considera que "no queda prejuzgado" a favor de la Administración. Sin embargo, se permite puntualizar que por una cuestión de plazos también podrían inadmitirse las alegaciones de la compañía.

Las excusas del Govern

Fuentes del entorno de Cedinsa han manifestado su contrariedad ante este resultado, pero han recalcado que confían en el recurso interpuesto ante el TSJC. Entre los principales motivos esgrimidos por la operadora se halla la falta de interés público del rescate.

La C-25, una de las principales carreteras de Cataluña Departamento de Territorio

De hecho, el Govern vendió la operación ante la opinión pública como un intento de mejorar la eficacia en la gestión de la autopista y ahorrar dinero a las arcas públicas. Ambas razones han sido refutadas por Cedinsa desde que se dio a conocer la iniciativa.

Una autopista "compleja"

Sea como sea, el pasado 1 de enero la Consejería de Territorio recuperó la gestión de la arteria de movilidad. El departamento anunció, además, que destinaría una partida de 62 millones de euros a la conservación y mantenimiento de la infraestructura durante cuatro años. Todo ello a la vez que reconocía la "complejidad" de la gestión de la vía.

Por otro lado, la tramitación del polémico rescate y su traslado a los tribunales gana temperatura justo en un momento en que la cuestión del pago por uso de las autovías ha vuelto a primera línea de debate. 

Compromiso con Bruselas

El Gobierno desmintió hace unos días las palabras del director general de Tráfico, Pere Navarro, en las que recordaba que en 2024 llegarían los peajes masivos a las vías de alta ocupación españolas.

Sin embargo, horas después llegó la aclaración por parte de la Comisión Europea. La institución comunitaria ratificó las palabras de Navarro al recordar que la implantación de sistemas de pago por uso en las autovías es uno de los compromisos de España para seguir percibiendo los fondos Next Generation.

Un peaje en una vía de alta capacidad

Solventar una anomalía

En los últimos años, las autoridades comunitarias han exigido al Estado que ponga fin a una situación que genera un claro desequilibrio territorial en la UE, ya que la situación española, donde apenas dos de cada diez kilómetros de autovía son de pago, supone una anomalía.

Una cuestión que deberá resolver el Gobierno que resulte del las elecciones del 23J, probablemente a través de una negociación con Bruselas que, además, podría complicarse en el caso de que la interinidad se prolongue demasiado tiempo. O, lo que es peor, deban repetirse elecciones.

Una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, incluso antes de la doble convocatoria electoral de 2019, fue poner fin al modelo concesional y evitar la prórroga de los contratos a largo plazo. Esto supuso levantamientos de peajes con la extinción de las concesiones, tal y como ha sucedido en la AP-7.