El futuro de todas las autovías y autopistas en España será con pago por uso o no será. Los peajes se implantarán masivamente en las vías de alta capacidad en España, que así terminará de asumir un compromiso adquirido con la Comisión Europea y con el que los últimos gobiernos han remoloneado por lo impopular de la medida. Esta modalidad abre las puertas a un negocio cuya facturación rondará los 5.500 millones al año.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, encendía la mecha de la polémica este jueves al recordar que los peajes serán una realidad en autopistas y autovías de cualquier generación a partir del próximo año. No obstante, su implantación no será una cuestión sencilla y los trámites para elegir el modelo más adecuado podrían hacer que se demorara algo más de tiempo.
En este punto es donde entran en juego las empresas concesionarias, que figuran entre los actores que más han insistido en la conveniencia de establecer este modelo para contribuir así al mantenimiento de la red nacional. Cabe recordar que arrastra cuantiosos déficits desde hace décadas.
El fin del modelo de concesiones, con la progresiva retirada de las barreras conforme los contratos llegan a su fin sin posibilidad de prórroga, ha dejado muy tocado el negocio concesional en España, lo que ha hecho que los grandes grupos de infraestructuras hayan centrado prácticamente la totalidad de su actividad en esta área en el exterior, con especial incidencia en el mercado norteamericano.
Alternativas
Sin embargo, la implantación del pago por uso de las vías de alta capacidad podría suponer otorgar una nueva vida a este tipo de empresas. Se espera que el Estado se decante por externalizar el cobro de los peajes a compañías con experiencia en este tipo de operaciones, a través de un sistema de concesiones.
Un esquema en el que ha insistido de forma recurrente Seopan, la patronal que agrupa a los grupos constructores de gran tamaño y también a las concesionarias de infraestructuras, tras la fusión que se llevó a cabo en su día con la antigua Aseta.
Sector privado
A través de este sistema, el Estado pondría en el mercado concesiones a largo plazo, en torno a 25 años, para el cobro de los peajes, lo que le permitiría ingresos inmediatos y también recurrentes en forma de impuestos.
En este sentido, el sector privado ha hecho numerosos llamamientos a la colaboración con la Administración Central, algo que ha sido especialmente complicado con el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que está a punto de finalizar la legislatura.
La anomalía española
Una eventual victoria del Partido Popular en las elecciones del 23J podría facilitar estas negociaciones aunque, en cualquier caso, el Ejecutivo que dé el paso para implantar el sistema tendrá diversas opciones encima de la mesa, que también incluye la opción de que sea la propia Administración la que se encargue de gestionar los cobros.
Desde Bruselas se ha instado en repetidas ocasiones a España a adoptar el modelo de pago por uso en las vías de alta capacidad para, de este modo, poner fin a un desequilibrio con el resto de países de la Unión Europea, en los que esta práctica es una realidad desde hace años.
Un peaje
El 80% de carreteras libres de peaje en Europa están en España
La prueba de que España es una anomalía en este punto se refleja en el dato de que cerca del 80% de este tipo de carreteras libres de peaje en todo el territorio de la Unión se encuentran en suelo español.
Además de ser una medida enfocada a reforzar el mantenimiento de las carreteras que no queda cubierto por los Presupuestos, también supone un instrumento de cohesión territorial, toda vez que las pocas vías en las que aún se paga por su utilización se concentran de forma masiva en el norte de España, con lo que supone un factor de desigualdad entre los ciudadanos.
Compromiso
Del mismo modo, supone también equipar el transporte por carretera al resto de modalidades, como la aérea, la ferroviaria y la marítima en las que los usuarios sí pagan por el empleo de las infraestructuras. Lo hacen a través de la repercusión en el precio de los servicios de las tasas que abonan las compañías operadoras por el empleo de las infraestructuras.
La medida está incluida en el Plan de Transformación y Resiliencia remitido en su día a la Comisión Europea y ha sido analizada en profundidad por los últimos gobiernos. Hasta el punto de que llegó a crearse una comisión mixta Congreso-Senado durante la segunda legislatura del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy para debatir sobre el asunto, que quedó aparcado tras la moción de censura que propició al ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia.