La implantación de un sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad, que ha figurado de forma permanente en la agenda del Gobierno, se diluye paso a paso sin que se hayan registrado avances significativos en los últimos meses, y cuando se afronta el último año de legislatura, poco propicio para decisiones de calado o de corte impopular. 

De esta forma, queda en el aire uno de los problemas que padece desde hace tiempo la red de carreteras, como es el déficit de mantenimiento, ante la imposibilidad de financiarlo por completo a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Déficit de mantenimiento

Incluso en la última parte de la anterior legislatura, tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno a través de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Ejecutivo socialista impulsó la medida que ya habían empezado a plantear los populares, aunque sin llegar a desarrollar planes concretos.

Tras la primera decisión de levantar las barreras de aquellas concesiones de peaje que llegaran a su fin, sin dejar la posibilidad de una prórroga, el Gobierno comenzó a estudiar un sistema general de pago por uso de las autovías con el fin de poder financiar el citado mantenimiento, aunque también con la vista puesta en fines como el fomento de la cohesión territorial, dado que los peajes aún en vigor se concentran en algunas comunidades autónomas, en especial Cataluña y Euskadi.

Baile de cifras

La medida también pretendía acabar con una anomalía en el contexto de la Unión Europea, ya que en la mayoría de los países miembros está implantado el pago por uso en casi toda la red de vías de alta capacidad, mientras que en España la proporción no llega al 20%. 

Tras la convocatoria adelantada de elecciones en 2019, el Gobierno resultante de la repetición de aquellos comicios, el primero de coalición en la democracia, siguió adelante con el plan e incluso llegaron a manejarse cifras en torno al coste que supondría realizar trayectos en automóvil entre las principales ciudades del país. 

Crisis de Gobierno

La llegada de la pandemia hizo saltar por los aires el plan pero, sobre todo, la crisis de Gobierno que Sánchez propició meses después, uno de cuyos afectados fue José Luis Ábalos, por entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y principal artífice del plan para desplegar el sistema de pago por uso.

Con el aterrizaje en el Consejo de Ministros de su sucesora, la actual ministra Raquel Sánchez, la agenda del departamento viró hacia elementos más conectados con las Comunidades Autónomas mientras que el déficit en el mantenimiento de la red de carreteras quedó en un segundo plano.

Fuentes del sector aseguran que, desde entonces, los avances en este terreno han sido escasos, aunque oficialmente sigue en fase de estudio por parte del Gobierno. 

No obstante, los contactos entre grupos parlamentarios por esta materia y las consultas con el sector privado han ido en franco descenso durante el último año mientras que los últimos Presupuestos de la presenta legislatura, aprobados antes de la finalización del pasado año, no incluían novedad alguna a este respecto.

El apretado calendario electoral de 2023, con municipales y autonómicas a finales de mayo y generales, en la recta final del año, hace aún más difícil que se lleve a cabo un avance significativo en un asunto de cuya impopularidad sí tiene constancia el Ejecutivo. 

Prioridades

Las posturas entre el PSOE y Unidas Podemos en esta materia tampoco son del todo coincidentes, aunque menos discrepantes que en otras cuestiones que han sido prioritarias en el Ministerio, como la Ley de Vivienda, que aún no ha podido salir adelante, lastrada precisamente por la falta de acuerdo entre ambas formaciones.

Los planes iniciales del Gobierno apuntaban a la posibilidad de recaudar hasta 9.000 millones de euros anuales, incluyendo la aportación en materia fiscal, como resultado de la implantación de peajes en las vías de alta capacidad.