Celsa pasa el test de la nueva ley concursal: ¿es una empresa 'verde' o necesita cambiar de directivos?

La disputa entre los Rubiralta y los acreedores por el control de Celsa llegó ayer a los tribunales en lo que es la primera macrocausa que se dirime bajo la nuevo ley concursal y que decidirá el futuro de la compañía. En el fondo, lo que se discute en Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona es qué modelo de gestión tedrá la siderúrgica y así quedo claro en la jornada inicial de un juicio que enfrenta la familia fundadora, accionista mayoritario actual, y los principales acreedores. En este grupo están desde firmas de inversión como Deutsche Bank, a fondos de inversión como SVP y Cross Ocean.

Ya han declarado ante el magistrado Álvaro Lobato, el titular de la sala, Xavier Puig, director financiero de Celsa España; Javier Echávarri, director financiero de grupo, Javier Pujol, consejero delegado de Ficosa y miembro independiente del consejo de administración de Celsa; y Francesc Mesegué, vicepresidente de Celsa.

En el arranque de la jornada hacían lo propio Álvaro Fabián, de Rathmines, una de las firmas a los que el grupo debe dinero; Gavin Colghoun, de Deutsche Bank; Dylan Szymansky, de Sculptor, y Lauren David, de AIO VII (representado por Anchorage). En su conjunto, ostentan el 90% de la deuda jumbo y el 89% de la deuda convertible que los Rubiralta no pueden devolver. 

Dos modelos opuestos

Ambas partes presentaron sus propuestas, que representan dos modelos de gestión para el gigante acerero completamente opuestos. Los fondos dieron a conocer su propuesta de reestructuración de la compañía en la que se busca crear un consejo de administración independiente y aplicar un nuevo plan financiero para hacer frente a su deuda. Lo que, según los gestores del grupo, es más un nuevo plan financiero que uno con una clara voluntad industrial. 

Incluso los responsables de Deutsche Bank, y a preguntas de los abogados de la compañía, admitieron que no tienen experiencia en el sector ni piensan asumir la responsabilidad de tomar ellos las riendas del grupo catalán. Coincidieron con el resto de acreedores en dejar claro a la sala que, si toman el control de Celsa, mantendrán el plan industrial actual y sólo cambiará la cúpula directiva.

Desde la dirección de Celsa, en cambio, aseguraron que esta propuesta no garantiza la viabilidad de la empresa y obligaría a vender activos para cumplir los objetivos económicos. Se intentó explicar con varias voces del consejo, tanto de dominicales (Mesegué) como independientes (Pujol), que el objetivo último que persiguen los acreedores es vender a trozos los activos del grupo para recuperar mucho más de los 1.200 millones de deuda vencida que no pueden devolver. 

Hacia el "desastre"

En definitiva, la actual dirección intentó sacar pecho de su gestión, y trató de retratar la alternativa de los fondos como un camino hacia el "desastre" económico que conllevaría el desvalijamiento de la empresa para venderla por partes. En este sentido, están alineados con la representación sindical, además de contar con el apoyo de la Generalitat y de las patronales catalanes. 

Sin embargo, los acreedores trataron de perfilarse como garantes de un cambio de gestión para corregir los errores actuales, pero sin diferencias significativas en la estrategia industrial. Eso sí, la defensa de este grupo, que dirige el bufete Gómez-Acebo Pombo, cuestionó las previsiones de la cúpula actual, que considera que la empresa podrá hacer frente a sus deudas porque su apuesta por la sostenibilidad le permite incrementar los precios.

Esta es la principal carta de los Rubiralta y sus ejecutivos de confianza: asegurar que la empresa verde que han diseñado, con su acero sostenible clave para los macroproyectos que deben tener el sello green, podrá subsitir en un sector tan competitivo como es el siderúrgico. 

Acero verde... ¿y rentable?

El abogado de los acreedores se preguntó si "un comprador de una casa va a estar dispuesto a pagar 20.000 euros más" por una vivienda edificada con acero sostenible. El director financiero sostuvo que "lo va a estar y ya lo está". "Estamos vendiendo con primas de 50 euros por tonelada, es una ventaja competitiva clarísima", afirmó el ejecutivo.

Puig defendió la apuesta de la compañía por invertir en producción más medioambientalmente sostenible antes que la competencia. "Podemos ofrecer acero bajo en emisiones y nos viene gente de muy lejos", indicó. Llegó a apuntar que "incluso los chinos", en relación a los productores que han sido acusados de dumping y ser el origen del fin de otros gigantes siderúrgicos, han llegado a la conclusión de que "tienen que hacer algo" para mejorar la sostenibilidad. 

Celsa agita fantasma de los fondos: "Da miedo"

Por su parte, Mesegué alertó de que el plan de reestructuración que plantean los fondos acreedores para hacerse con el control del grupo "no asegura la viabilidad de la compañía", sino que la sumiría en "una incertidumbre que podría llevarla al desastre". 



Incluso ha ido un paso más allá al avisar de que "los fondos venden activos en cuanto pueden" y que, por ello, "trabajar con los fondos da miedo: pueden hacer cosas no usuales". Agita de esta forma el fantasma de que si la actual propiedad está obligada a diluirse por la capitalización de los préstamos, cambiarán las condiciones y las relaciones con los proveedores por falta de confianza. 

Cuánto vale la compañía

La defensa de los actuales propietarios de Celsa pivota en la falta de credibilidad de los fondos y en brindar garantías con los 10.000 empleos directos y los 30.000 indirectos que tiene la mayor siderúrgica del país. Los acreedores, en cambio, han intentado dar muestras a la sala de su seriedad y en señalar el principal problema de los Rubiralta y su equipo: que no han sido capaces de garantizar el futuro de la compañía porque no pueden hacer frente a sus deudas. 

El choque de los dos modelos también es una confrontación por el valor total del grupo. Los acreedores recuerdan que Lexaudit, el mediador que los Rubiralta intentaron apartar sin éxito, fijó entre 2.400 y 2.8000 su valor, en línea con el total de la deuda. Los actuales propietarios de Celsa elevan esta cifra hasta los 6.000 en base a sus propios documentos elaborados por Lazard y AZ Capital, cifra que les da más oxígeno para digerir el pasivo y zanjarían el debate sobre su viabilidad. 

Rescate de SEPI

A lo largo de la semana desfilarán ante el juez Lobato el resto de testigos y representantes de las partes. El guión final aún no ha trascendido, aunque se indica que, por ahora, los Rubiralta no están llamados a declarar. Los dos equipos legales deberán presentar sus conclusiones el 11 de julio y será entonces cuando el magistrado deberá decidir quién se queda la compañía. 

Esta decisión también tiene una vertiente en lo público. Si triunfan los Rubiralta, podrán activar su plan de reestructuración que pasa por la inyección de 550 millones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Todo ello, a pocas semanas de las elecciones generales.