Celsa gana tiempo ante los fondos de inversión en los tribunales

La familia Rubiralta ha conseguido más tiempo en los tribunales para retener Celsa. El Juzgado de Primera Instancia 67 de Madrid ha eximido a la siderúrgica de cumplir con las obligaciones financieras del préstamo convertible de 1.500 millones firmado en 2017 con un pool de acreedores en los que dominaban fondos de inversión.

Estas firmas internacionales están representadas por el bufete Gómez-Acebo Pombo y el banco de inversión Houlihan Lokey. Han intentado ejecutar sus derechos por los malos resultados del grupo, lastrados desde hace años por el dumping que denuncia que llevan a cabo las acereras chinas y de forma más reciente por el impacto de la crisis del coronavirus.

Dos victorias judiciales

Es por ello que solicitó el amparo judicial. La victoria de este final de año, avanzada por Expansión, se suma a la que obtuvo en abril en otro tribunal de Madrid. Primera Instancia 60 blindó a los dueños de Celsa de las demandas de los acreedores de otro crédito vivo en la compañía ante los incumplimientos que se esperan por la situación epidemiológica con unas medidas cautelares.

El montante del pasivo que soporta la acerera catalana alcanza los 2.750 millones de euros. A los 1.500 millones del convertible objeto de la actual resolución judicial se le suman otro préstamo de largo plazo de 750 millones denominado Jumbo y varias líneas de circulante que completan los 500 millones restantes.

Batalla legal

Los fondos de inversión que quieren convertir sus créditos en Celsa plantean una batalla judicial. Recurrirán la decisión ante lo que consideran que es una actuación “desleal” de la multinacional catalana y recuerdan que el pacto financiero de 2017 fue homologado ante el juez.

Cómo queda la propiedad de la siderúrgica es una cuestión que se decidirá en los tribunales.