La Comunidad de Madrid tiene en construcción o tramitación 8.115 viviendas sociales, casi cuatro veces la cifra de la Generalitat de Cataluña, que tiene en marcha 2.155 pisos. Los datos oficiales compartidos por las Administraciones con este medio ponen de manifiesto la mayor velocidad de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso en comparación con el Govern o el Ayuntamiento de Barcelona, principalmente por la agilización de la burocracia del suelo y por su apuesta por la colaboración público-privada.
La mayoría de estas 8.115 unidades que tiene en marcha la Comunidad de Madrid son público-privadas, a través del plan Vive, con 4.200 inmuebles ya en construcción y otros 2.400 con la adjudicación finalizada. Además, la Agencia de Vivienda Social madrileña --que desde junio de 2019 ha entregado 1.400 viviendas sociales-- tiene otros 1.500 alojamientos en obras. También está reformando 15 locales comerciales para que puedan alojar a personas con movilidad reducida, y 100 locales más se adaptarán este año o en 2024.
Lentitud burocrática
El Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) tiene un parque de 55.000 viviendas, más del doble que la Agencia de Vivienda Social madrileña (25.005), pero su producción actual no alcanza la velocidad de crucero a la que ha llegado el organismo regional de la capital. El ente de la Generalitat tiene 2.155 pisos actualmente en promoción o que se iniciarán este año, pero prevé incorporar alojamientos por otras vías para llegar a las 10.000 nuevas viviendas, lo que supondría un incremento del 18% con respecto al parque actual.
Desarrollo de vivienda social a mayo de 2023 | Ayuntamiento de Barcelona | Ayuntamiento de Madrid | Generalitat de Cataluña | Comunidad de Madrid |
Pisos en construcción | 2.000 | 1.912 | - | 1.515 |
Pisos en tramitación | 2.340 | 623 | - | 6.600 |
Pisos en desarrollo (total) | 4.340 | 2.535 | 2.155 | 8.115 |
Aparte de la promoción pública directa por parte del Incasòl, se prevé comprar 500 pisos a través del tanteo y retracto o la adquisición a entidades financieras de 1.000 inmuebles más de promociones ya acabadas que están vacías u okupadas. Por otro lado, colaborará con agentes privados y cooperativas para ceder suelo público y permitir la creación de otras 1.000 viviendas de alquiler social.
El acelerón de Madrid
Asimismo, la Generalitat concederá ayudas a la promoción de 5.100 pisos: 2.000 a través de las subvenciones habituales y 3.200 gracias a los fondos europeos. Además, este año está previsto que algunos bancos y propietarios cedan 1.100 viviendas al parque social por un tiempo limitado.
Más allá de los proyectos actualmente en desarrollo, la Comunidad de Madrid tiene como objetivo edificar un total de 25.000 nuevas viviendas sociales público-privadas a través del plan Vive. Por otro lado, construirá 1.912 pisos de protección oficial destinados al alquiler asequible, gracias a un acuerdo con el Gobierno central y a la llegada de 65 millones de euros de los Next Generation.
Pisos para jóvenes
Estas promociones sostenibles financiadas con fondos europeos se desarrollarán en una fórmula similar al plan Vive regional: con colaboración público-privada y a través de una concesión a 50 años sobre 13 terrenos en diferentes municipios de la región capitalina. La licitación se lanzará en el primer semestre de 2023 y el proyecto, que cuenta con una inversión de 247 millones de euros, se ejecutará antes del 30 de junio de 2026.
A estos proyectos hay que añadir las 1.200 viviendas de la primera fase del Plan Solución Joven, que tendrán un alquiler inferior a 600 euros, y los cambios de la ley Ómnibus, que permite que los ayuntamientos de la región levanten viviendas públicas en terrenos destinados a equipamientos, pero no utilizados, sin necesidad de recalificarlos.
En definitiva, la apuesta de Madrid por levantar pisos públicos supera la de otras Administraciones como Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona, que se han centrado no tanto en incrementar la oferta, sino en regular cuestiones como los precios de las rentas a través de la tumbada ley catalana del alquiler o acogiéndose a la nueva ley de vivienda del Gobierno.