El Govern sigue con su asalto a la vivienda: 91 multas por no ofrecer alquiler social

El Govern continúa con su acoso a los propietarios de vivienda. Tras anunciar que expropiará pisos vacíos en 14 municipios catalanes, la Generalitat ha hecho público que ha impuesto 91 multas por un total de 2,5 millones de euros a "grandes tenedores" por no ofrecer alquiler social.

El conseller Roger Torrent ha sancionado a 13 propietarios a través de la Agencia Catalana de Consumo, según ha explicado en una rueda de prensa. Ha detallado que los sancionados son bancos y fondos de inversión, que no ha nombrado por protección de datos, aunque ha avanzado que pondrá fin a su anonimato próximamente: a partir de ahora, se incluirá una cláusula en la información sobre la sanción en la que se advertirá al gran tenedor de que su identidad se hará pública, una posibilidad que se recoge en el Código de Consumo de Cataluña.

350 expendientes

Las 91 sanciones se han impuesto entre 2019 y 2023 por incumplir la Ley 1/2022 que estipula la obligación legal de ofrecer un alquiler social en caso de desahucio a familias vulnerables. Una veintena de las multas ya han sido abonadas, con lo que las arcas autonómicas han ingresado un total de 205.000 euros.

El pasado octubre el Govern aprobó un programa específico para la gestión y tramitación de expedientes en materia de alquiler social, para lo que la Agencia Catalana de Consumo contrató a 19 inspectores. El conseller y el director de Consumo, Albert Melià, se han reunido hoy para abordar la evolución de este programa que, desde enero de este año 2023, ha supuesto la apertura de 353 expedientes sancionadores a grandes tenedores, de los que 91 han acabado en sanción.

El 'conseller' de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent / David Oller - EUROPA PRESS

Embrollo judicial

La Agencia Catalana de Consumo ha hecho, en lo que llevamos de 2023, 458 actuaciones inspectoras, lo que supone que la actividad de control de mercado en el ámbito de la vivienda se ha visto incrementada en un 459 % respecto al año anterior, según los datos facilitados hoy. En estas cifras de sanciones e inspecciones no se incluyen los municipios de Barcelona ni Manlleu, que han optado por ejercer sus competencias municipales en este aspecto, ha precisado el conseller.

También ha añadido que los incumplimientos reiterados por parte de estos bancos y fondos de inversión pueden dar lugar a más de una sanción por un mismo caso en el que no se ha ofrecido alquiler social, y que estas sanciones se van acumulando e incrementando. No obstante, la mayoría de las 91 sanciones han sido recurridas por la vía administrativa y, al menos una, por la vía judicial ante la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Protección a los okupas

La normativa catalana establece que las personas físicas o jurídicas consideradas grandes tenedores han de ofrecer un alquiler social antes de interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria o desahucio, o bien antes de adquirir una vivienda fruto de acuerdo de compensación o dación en pago, cuando la unidad de convivencia de una vivienda se encuentra en riesgo de exclusión residencial.

Además, la Ley 1/2022 amplía esta protección a todos los ocupantes de viviendas sin título jurídico habilitante, ya sea por vencimiento de su contrato de arrendamiento, por haber padecido un proceso de reclamación de una deuda hipotecaria o por haber okupado una vivienda vacía de una entidad financiera o fondo de inversión.