España afronta un aluvión de demandas por impago desde EEUU

La pasada semana trascendió la demanda de Blasket al Reino de España por impago técnico (default), a través de la petición de amortización anticipada de deuda pública, al entender que el Estado no había cumplido con la decisión del tribunal de arbitraje del Uncitral relacionado con el procedimiento iniciado en su día por dos sociedades neerlandesas.

Más de diez pleitos pendientes

Como desveló este martes Crónica Global, la medida del fondo ha llegado después de que un tribunal estadounidense fallara en su contra en el pleito que había presentado para forzar a la ejecución del pago de la indemnización fijada por el tribunal de arbitraje dependiente de la Organización de Naciones Unidas. 

Según ha podido saber este diario, sólo la corte en la que el fondo Blasket presentó la reclamación, el Tribunal de Distrito de Columbia District (DC, donde su ubica Washington, la capital del país) se tramitan actualmente más de una decena de casos similares contra el Estado, en busca de un fallo judicial que avale la ejecución de los pagos. 

Una vía alternativa

El fallo en contra de los intereses de Blasket ha llegado tras dos sentencias favorables a los reclamantes, a cargo de la magistrada Tanya Chutkan, perteneciente al citado Tribunal, cuyo argumento se basó en que la carencia de potestad del Estado para intervenir en el proceso de arbitraje no contradice la existencia del resultado y, por lo tanto, el compromiso por parte de la Administración de satisfacer el pago. 

No obstante, con independencia del resultado que determinen los tribunales estadounidenses, los afectados por los cambios normativos que el Gobierno introdujo al inicio de la pasada crisis financiera en el sector energético, que dejó sin primas a las instalaciones ‘verdes’ tras miles de millones comprometidos con planes de negocio que contemplaban estas ventajas, cuentan con una vía libre para continuar con el pleito. En este sentido, Blasket ha despejado una solución alternativa con su denuncia por ‘default’, hecho sin precedentes en la historia reciente del Estado. 

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera / EP

Cabe recordar que el fondo adquirió los derechos de cobro en este proceso de dos compañías radicadas en Países Bajos, denominadas AES Solar y Ampere, que fueron las perjudicadas en su día por la eliminación de las primas a las renovables y las que llevaron a cabo el proceso de arbitraje ante el Unictral. 

Sin embargo, no es éste el único caso de pleito relacionado con España y adquirido por Blasket. La entidad norteamericana también se hizo a finales del pasado año con los derechos de cobro de RREEF, radicada en Luxemburgo, y de Infrared Capital, cuya sede se encuentra en Reino Unido. 

La exigencia del Banco Mundial...

Se trata de dos entidades que también cuentan con dictámenes favorables de arbitrajes, en este caso del Ciadi, y que hasta el momento han reclamado los pagos de forma infructuosa. La cuantía agregada de estos dos procesos es de 88 millones de euros.

Al hilo precisamente de esta circunstancia, el Banco Mundial, organismo multilateral que auspicia el Ciadi, ha instado al Estado a cumplir con lo establecido en los procesos de arbitraje y acatar el fallo de los tribunales.

... y la defensa de la UE

Por el contrario, España cuenta con el apoyo de la Unión Europea, que ha establecido una estrategia de protección a los estados miembros en este tipo de procesos, al entender que ninguna instancia se sitúa por encima del Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) cuando se trata de un conflicto entre entidades o Administraciones pertenecientes a su jurisdicción.

En cualquier caso, todo apunta a que la batalla no ha hecho más que comenzar y que los acontecimientos se irán sucediendo según se emitan los fallos de los tribunales estadounidenses a los que han recurrido los afectados por el cambio normativo en materia energética que pusieron el caso en manos de los origanismos internacionales de arbitraje.

Prestigiosos despachos

Tanto Blasket como el Estado se han rodeado de prestigiosos despachos de abogados para defender sus intereses en esta materia. 

En el caso del fondo norteamericano, el asesoramiento corre a cargo de Gibson Dunn & Crutcher, mientras que el Estado ha sido representado por el despacho Williams & Connolly en el Tribunal de Distrito de DC y por Simmons & Simmons ante la cámara neerlandesa en la que España trató de forma infructuosa que las sociedades de Países Bajos que habían solicitado el arbitraje cesaran en sus peticiones de ejecutar  el resultado.