Las empresas catalanas se enfrentan al "caos" del impuesto al plástico

Si bien cualquier gravamen genera dudas en su fase inicial de implantación, en este caso están muy extendidas. "No hay claridad sobre quién es el contribuyente ni sobre qué se entiende por producto semielaborado. La casuística es muy compleja y varía en función de si se importa o se exporta", explica Josep Ragull, profesor de EAE Business School. La incertidumbre es general, como demuestra el interés de los afectados: un reciente seminario de la Cámara de Comercio de Sabadell contó con más de 300 participantes preocupados por la aplicación del gravamen.

Impacto económico

Según resume Ragull, el impuesto cubre "todo lo que hace referencia al packaging, siempre y cuando sea de plástico no reciclado. Si el plástico está reciclado tiene una exención". Este planteamiento afecta a un conjunto abundante de elementos. No solo se trata del embalaje final que recubre el producto tal cual se encuentra, por ejemplo, en el estante de un supermercado, sino también los embalajes secundarios y terciarios utilizados a lo largo de la cadena de valor.

Esto es: film, tapones y adhesivos --no así las etiquetas--, pero también protectores de burbujas, material recubridor de palés, hebillas y pinzas, mallas o redes como en el caso de las frutas y un largo etcétera. La clave es que, una vez usado, el consumidor no pueda reutilizarlo. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha alertado de que el impacto económico del tributo será de unos 690 millones de euros.

Envases de plástico / CEDIDA

"Se trabaja sobre la marcha"

Volviendo a las trabas de las empresas, el asesor financiero y fiscal de Cecot, Enric Rius, resume el "caos" afirmando que se "está trabajando sobre la marcha". "Ni siquiera la Agencia Tributaria tiene una idea clara de cómo aplicar un impuesto al plástico que está integrado en toda la cadena de valor".

Hay problemas como lograr el detalle de la naturaleza y peso del plástico provisto por sus proveedores extranjeros --importante puesto que si es menor a los cinco kilos no deberá tributar--, o contar con un escandallo actualizado de los embalajes usados por el propio fabricante o distribuidor nacional.

Falta de diálogo

Tampoco está claro cómo se certificará el uso de plástico reciclado para acceder a la exención. Rius pone en valor el esfuerzo que está haciendo la industria para cumplir la norma, que en muchos casos ha implicado la búsqueda de ayuda externa para auditar su actividad.

"Hubiera sido mejor sentarse en una mesa con todos los profesionales del sector para hallar una solución más factible y menos costosa", concluye. Esta falta de diálogo previo sobre los efectos del tributo también ha sido denunciado por otras organizaciones como la Asociación Española de Industriales del Plástico (ANAIP) y la Asociación de Industrias del Plástico de Cataluña (AIPC), que ha advertido de que encarecerá el precio de los productos.

Italia y Francia, otra vía

Este impuesto, contemplado en la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, traspone las directivas europeas 2018/851 y 2019/904 que pretenden reducir la epidemia de plástico en el continente. Pero las normas comunitarias no exigen de forma obligatoria la tasación aprobada por el Gobierno y puesta en marcha cuando las empresas aún funcionan al ralentí.

Prueba de ello es que Italia se ha echado atrás en su voluntad inicial de gravar el material y en el enfoque alternativo adoptado por Francia. Como apunta el docente de la escuela de negocios EAE, París ha adoptado otras iniciativas para luchar contra la sobreabundancia de plástico como la prohibición del uso de envases de un solo uso en los restaurantes o el exceso de envasado en productos perecederos. Iniciativas que el Ejecutivo español, por el momento, no ha impulsado.