Sanidad se escuda en un informe de hace ocho meses para obligar a llevar mascarilla en el avión

La obligatoriedad de las mascarillas en los aviones se impuso hace ocho meses. Desde entonces, el Gobierno no se ha movido un ápice de su decisión, pese a la evidente mejora de la pandemia y las quejas de las aerolíneas y los pasajeros. A preguntas de Crónica Global, el propio Ministerio de Sanidad ha señalado que esta medida, aprobada mediante un real decreto, se basa en un informe fechado el pasado 12 de abril y elaborado por la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta [dicho informe puede consultarse aquí].

Un órgano del que se desconocen sus integrantes y cuyo posicionamiento se resume en un único párrafo: "En los medios de transporte se concentra mucha población en espacios pequeños, con poca distancia interpersonal, a veces durante largos periodos de tiempo. Si bien muchos transportes cuentan con buenos sistemas de ventilación dotados con filtros de alta eficiencia, esta ventilación no siempre está garantizada en todos los transportes. Es por ello que, en este ámbito, la probabilidad de transmisión en ausencia de mascarilla puede ser elevada y el impacto podría ser moderado teniendo en cuenta la diversidad de personas expuestas, entre las que podría haber vulnerables".

¿Quién decidió la medida?

Si bien el documento de la ponencia incluye una bibliografía académica, en el apartado referente al transporte no se menciona ningún estudio en concreto que fundamente el juicio de los especialistas. Por otro lado, el Departamento dirigido por la ministra Carolina Darias no ha detallado qué personas elaboraron estas recomendaciones.

La ponencia de alertas fue creada en febrero de 2012 como órgano de gestión y seguimiento del Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), que a su vez tiene el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) dirigido por Fernando Simón como centro de enlace en todo el territorio español. En última instancia, los cargos políticos responsables de esta estructura técnica son la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga --que alcanzó este puesto en 2018 y de la que depende jerárquicamente el CCAES--, y la propia ministra Darias.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias / EUROPA PRESS

"Ecosistema" de expertos

En webs oficiales se puede leer que la Ponencia de Alertas de Salud Pública y Planes de Preparación y Respuesta está formada por personas expertas del Ministerio de Sanidad, de las comunidades y ciudades autónomas y de sociedades científicas. Pero no se dan nombres.

Un portavoz del ministerio ha precisado que, a lo largo de la pandemia del Covid-19, todas las políticas se han tomado en diálogo entre este grupo de trabajo, la comisión de salud pública, el consejo interterritorial del sistema nacional de salud y otros entes o expertos. Por un "ecosistema" de especialistas y organismos, como lo define este interlocutor ministerial. Sin embargo, un médico que asesoró al Ministerio al inicio de la pandemia, e interlocutó personalmente con la directora general Pilar Aparicio, reconoce que "todo lo referente a las mascarillas siempre fue una decisión política".

Mejora epidemiológica

En lo referente al uso del tapabocas en los medios de transporte, incluido el áereo, el contenido de la ponencia fue calcado por el real decreto 286/2022, de 19 de abril. En esta norma se flexibilizó el empleo de mascarillas en atención a la cobertura vacunal superior al 92% tanto en la población general como en los mayores de 60 años y la reducción del nivel de riesgo sanitario en la mayor parte de la geografía española. Pero se mantuvo su uso en avión, ferrocarril y autobús y espacios cerrados de embarcaciones y en los equipamientos sociosanitarios.

La norma reconocía en abril que "la evolución de la epidemia de Covid-19, favorecida por las coberturas de vacunación que se han alcanzado en España y por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la transmisión del SARS-CoV-2 por parte de la población hasta marzo de 2022, permite plantear modificaciones en las estrategias de control de la epidemia". "La gravedad de la enfermedad ha descendido de forma importante entre el periodo previo a la vacunación y el periodo posterior", se podía leer.

Aeropuerto de Barcelona-El Prat / EUROPA PRESS

Protesta de las aerolíneas

Los propios casos positivos se empezaron a contabilizar semanal y no diariamente, y se puso mayor atención en los grupos de riesgo. Un cambio de enfoque que ha quedado reforzado por la práctica vuelta a la normalidad tanto social como económicamente y que, como han denunciado las aerolíneas, no justifica el enroque del Gobierno en mantener el uso férreo de las mascarillas en el transporte público, incluido los vuelos turísticos. Máxime cuando los países de nuestro entorno han levantado esta restricción.

Una reflexión agravada por las diferencias introducidas entre operadores nacionales e internacionales y también respaldada por las agencias de viajes. La patronal Asociación de Líneas Aéreas (ALA) tildó en este medio de "sinsentido" la actitud ministerial, y compañías como Volotea y Vueling también cuestionaron la medida, especialmente fastidiosa en los trayectos de larga duración. No hay prevista a corto plazo una reunión entre las empresas afectadas y Sanidad para tratar este contencioso, mientras el ministerio sigue enrocado en un documento desfasado del que se desconocen sus autores.