Más de 50 administraciones de lotería abocadas al cierre por el cambio legislativo del sector

Sin embargo, hay “una minoría residual” --concepto que explicaremos más adelante-- que vive estas fechas con un sentimiento agridulce. Esa minoría no es, ni más ni menos, que unas 50 administraciones de lotería que viven un momento dulce por la ilusión de repartir el Gordo entre sus clientes; y agrio porque saben que su negocio tiene los días contados. Para entender el por qué de esta angustia, es fundamental hacer un breve recorrido por la evolución del sector.  

Luchando por una concesión

La empresa tiene sus orígenes en el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) creado en 1984 mediante la integración y unificación de las instituciones que hasta ese momento venían gestionando los juegos de titularidad estatal (Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas y el Servicio Nacional de Loterías). En el año 2000 pasa a ser “Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado”.

Hasta ese momento, las administraciones de lotería eran una “concesión”. Es decir, el punto de venta salía a concurso público y las personas interesadas debían presentarse cumpliendo todo un pliego de requisitos. Una vez conseguida esa concesión, se pasaba a ser una especie de “funcionario público”, cuyo jefe era el Estado, pero con las obligaciones propias de cualquier autónomo.

Miedo a perderlo todo

Todo cambió en 2009 cuando, estando en el cargo de presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Loterías y Apuestas del Estado se plantea la privatización. Según cuenta Manuel Caballero --administración número 98 de Sevilla-- a Crónica Global, “con miras a poder sacar dinero y una posible salida a bolsa de Loterías se vislumbraba en cubierta la presunta venta de este organismo, como ya ocurrió en su fecha con Campsa, Telefónica, Iberia. Entonces, Loterías y Apuestas del Estado, que era la joya de la corona para poder acceder a tales planteamientos ideó un contrato programa (contrato mercantil indefinido)”. Eso, explica Caballero, requería acabar con las concesiones existentes, porque “no es lo mismo vender un piso que vender un piso ocupado”.

De esa manera, los delegados comerciales de cada provincia empezaron a visitar a cada concesionario para que se acogiese al nuevo contrato mercantil. ¿Pero qué se les ofrecía? Que un negocio que, hasta el momento, no podía ser vendido y su única permanencia era vía transmisión "inter vivos" o "mortis causa" --a hijos que llevasen ciertos años colaborando en el negocio--, ahora podría venderse o traspasarse. Sin embargo, la idea no acababa de convencer y, según Caballero, "empezaron las amenazas". Por ejemplo, advirtiendo a quienes no firmasen de que no podrían comercializar los nuevos juegos que fueran apareciendo. En pocas palabras, quedarían como una minoría estancada en algo obsoleto y sin posibilidad de crecer.

Atrapados en la concesión

En un principio, muchos puntos de venta, asesorados por sus gestores o abogados, declinaron firmar. Sin embargo, al final fueron unos 100 los que decidieron no "pasar por el aro" por miedo a perderlo todo. A estos se refiere SELAE en algunos documentos a los que este medio ha tenido acceso como "minoría residual". Así, en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 se incluyó esa norma del contrato programa, más tarde rechazada por inconstitucional, en la que quedaba claro que los concesionarios no podían ni vender ni hacer sociedades, pero se les respetaban todos los derechos adquiridos, tales como cesión inter vivos o mortis causa (pero esos beneficiarios no podrían seguir en concesión). "A raíz de este revés y para hacerla factible para su integración, procedieron a sacar un decreto ley en la que figuraban los mismos términos, pero dando la potestad a Loterías de acceder o no a conceder dicha aprobación o derecho", explica Caballero.

"Se dio un nuevo plazo para firmar el contrato y los delegados comerciales volvieron con más fuerza. Volvieron las amenazas, las llamadas, las visitas, el acoso y un sinfín de medidas contra los que no firmamos. En la mente de todos estaba presente que, si era tan bueno el contrato y sus bondades, por qué ese acoso y para que firmásemos. Solo pasaba por nuestra mente la posible venta encubierta de Loterías y que con nuestra actitud no se podría llevar a cabo. Ahí comenzó nuestro calvario: al no conseguir que firmásemos, empezaron los decretos para la anulación de todas las leyes de Loterías y anexos (derogaron todas las leyes y anularon las que contenían las faltas y castigos). Así pues, estuvimos unas semanas que no nos podían castigar, pero en menos de un mes restauraron esas leyes sin tener que hacer nada. Y en la actualidad nos preguntamos, ¿no se puede sacar esa misma ley para restaurar nuestros derechos?".

"No quería salir del búnker y meterme en el cementerio"

María de los Ángeles fue una de las personas que se negó a deshacerse de su concesión en 2009, por miedo a perder un negocio por el que ha luchado toda su vida. "Soy del concurso público de 1985. Después de tantos obstáculos, conseguir tener mi administracion y verme publicada en el BOE fue un logro muy grande para mí", ha explicado a Crónica Global. "Desde 1985 a 2019, que fue mi jubilación, he trabajado y pasado mucho, pero no tenía otra opción, porque las universidades de mis tres hijos eran caras".

Ella, al igual que otros compañeros, no quiso pasar al contrato mercantil porque sentía que peligraba su seguridad y quería seguir hasta la jubilación y "no ceder gratuitamente a Loterías mi relativa seguridad como he visto al final, porque no han accedido a concederme el cambio de titularidad para mis hijos, aún teniendo a una hija trabajando y contratada". Hoy, su administración está cerrada, y su hija, en paro.  

"Nos van a pasar por la trituradora"

Jon y su esposa regentan la administración número 4 de Portugalete desde que consiguieran la concesión en 1985 y, al igual que el resto de afectados, declinaron pasar a contrato mercantil después de asesorarse con una gran cantidad de abogados. "Cuando vieron que algunos no queríamos firmar, empezaron a amenazar y entonces hubo una huelga de loterías". Según cuenta, en algunas provincias, incluso, se llegó a aplicar un régimen sancionador: "A un amigo mío de Barcelona le metieron 60.000 euros en el régimen sancionador y estuvo hasta ingresado por un ataque de ansiedad".

"Los expertos en derecho administrativo nos dijeron que no pasásemos por el aro, que nos estaban quitando nuestros derechos y que la justicia estaría de nuestro lado". Sin embargo, lamenta, "la justicia para nosotros no existe. Cuando te metes con algo que tenga que ver con el Estado, hemos acabado". Así, con los ánimos por los suelos, reconoce, "nos tienen en el limbo y están esperando vernos desaparecer". Con todo, advierte, "nos estamos movilizando e intentando remover conciencias", aunque no se les quita de la cabeza que "nos van a triturar, porque fuimos la causa principal de que esto no saliera a bolsa, ¿quién quiere un edificio con okupas dentro?. Pues eso pasa con nosotros".

Algo está a punto de suceder: "Lo sabrá la opinión pública"

Manuel Caballero adelanta a Crónica Global que próximamente se creará una plataforma reivindicativa para que la opinión pública conozca este problema. Como se ha dicho, hay decenas de familias suplicando a Loterías que no extingan el trabajo de toda una vida y, aunque en este reportaje se han recogido apenas tres historias, el drama se extiende por toda España.

Hay casos en Alicante (3), Asturias, Badajoz, Barcelona --Rubí (1), Sabadell (1), Santa Coloma de Gramenet (2), Terrassa (1), La Llagosta (1), Hospitalet-- Vizcaya (5), Burgos, Cáceres, Córdoba (3), Guadalajara (1), Jaén, Las Palmas, León, Lleida (3), Lugo (3), Madrid (3), Murcia (1), Pontevedra (1), Sevilla (15), Tarragona (1) yVigo (2).