España renuncia al salvavidas industrial de sus socios europeos

Ello pese a que el órgano de gobierno comunitario ha extendido hasta finales de 2023 el marco temporal de ayudas directas para paliar el hachazo de la electricidad y el gas. Esta decisión habilita a los países miembros para mitigar esta delicada situación, como ya han hecho las economías más importantes de la eurozona. Pero Moncloa todavía no tiene planes en este sentido. Al contrario, concentra sus preocupaciones en las medidas dirigidas al ciudadano y en el estímulo de planes de eficiencia energética en el sector privado.

'Manga ancha' de la Comisión

Por contra, la institución presidida por Ursula von der Leyen ha permitido a los Estados de la Unión Europea tomar tres acciones distintas para apoyar a su tejido productivo. En primer lugar, aprobar líneas de ayudas "de cualquier forma" de entre 35.000 y 400.000 euros según el sector afectado [puede consultarse aquí].

Además, se avala la inyección de liquidez en forma de avales y préstamos subsidiados por la Administración pública y, en el caso concreto del alza de la factura energética, el reparto de ayudas especialmente para usuarios altamente intensivos en su consumo, incluso en caso de compañías en pérdidas.

SOS de la industria

En este último paquete, las transferencias por compañía pueden ascender a dos millones de euros, 25 millones y, en los casos de mayor necesidad, hasta los 50 millones de euros. Estos planes requieren, eso sí, el plácet previo de la Comisión.

En este sentido, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a las principales patronales sectoriales de la gran industria nacional, solicitó esta misma semana en una carta pública remitida al Gobierno la creación "urgente" de dos líneas de ayudas directas para sobrellevar el impacto de los precios de la energía y de las materias primas. Si no se toman medidas, la Alianza advierte de que el sector podría asumir cierres y desinversiones.

Banderas europeas / EP

Alemania reparte 27.500 millones

La propuesta pide seguir el ejemplo de los eurosocios y, sobre todo, del caso alemán. El pasado 19 de agosto, la Comisión aprobó un plan de Berlín por un importe de 27.500 millones de euros, que empezarán a fluir a partir de enero de 2023. Este mecanismo pretende compensar parcialmente a las manufactureras que hacen un uso intensivo de la energía debido a los precios más altos de la electricidad derivados de los costes indirectos de las emisiones.

La compensación implicará la devolución parcial de los costes por las emisiones, mientras que el pago final se efectuará en 2031. Pero el superplan germano de finales del verano vino precedido de otra remesa de 5.000 millones en julio para apoyar a las empresas intensivas y de otro programa con varias iniciativas para reducir el consumo de gas en junio.

Transferencias en Francia

Por su parte, el gobierno galo también cuenta desde el 1 de julio con un plan aprobado por la Comisión por valor de 5.000 millones de euros en transferencias directas a sus compañías de gran consumo energético en todos los sectores.

Italia también tiene, desde el pasado 30 de septiembre, otra estrategia de 2.000 millones para el reaseguro del riesgo de crédito comercial de gas natural y electricidad en el contexto bélico de Ucrania.

Reyes Maroto, ministra de Industria, durante el Mobility Trends 2022 / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

... Y reaseguros en Italia

La medida del país transalpiano es interesante por cuanto su objetivo pretende limitar los riesgos a los que se enfrentan actualmente las aseguradoras ofreciendo seguros de crédito comercial a los clientes. Además, esta política facilitará que estos usuarios obtengan un aplazamiento del pago de sus facturas de energía hasta en 24 meses, en base a un acuerdo con su proveedor.

Quince días antes, Roma ya sacó adelante un gran paquete por 14.000 millones que incluyó exenciones fiscales en materia energética, aunque más focalizadas a la pequeña empresa.