El juez allana el plan de los fondos para tomar el control de Celsa

Nueva victoria parcial en los tribunales de los acreedores de Celsa, que les acerca un poco más a hacerse con el control del grupo. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona ha desestimado el recurso presentado por la familia Rubiralta, propietaria de la compañía siderúrgica, contra el plan de reestructuración que presentaron a finales del pasado mes los principales tenedores de la deuda de la compañía y que contempla, entre otros aspectos, su capitalización. 

El plan se registró en virtud de lo previsto en el nuevo texto de la Ley Concursal, que incluye esta fórmula como una etapa anterior al inicio del proceso y que pretende, precisamente, facilitar la articulación de una salida para la empresa antes de que se solicite definitivamente el concurso.

Medidas cautelares

Según adelanta este viernes El Confidencial, el magistrado rechazó el recurso de los Rubiralta contra el plan, en el que solicitaban la adopción de medidas cautelares hasta que se resolvieran los procesos judiciales que los actuales accionistas de Celsa mantienen contra algunos de los acreedores.

Francesc Rubiralta Rubió, presidente del grupo Celsa / CG

El recurso también iba dirigido contra la designación de la firma Lexaudit como experto encargado de analizar la reestructuración, otra de las nuevas figuras que incluye el texto remozado de la normativa. 

Capitalizar la deuda

Sin embargo, el juez ha considerado que la situación financiera de la compañía no presenta un aspecto saneado y ha determinado, en esta línea, que el proceso de reestructuración siga su curso.

El plan presentado por los acreedores, pocas horas después de que entrara en vigor la nueva Ley, contempla la capitalización de una parte de la deuda a cambio de la propiedad de la compañía (aproximadamente unos 1.200 millones de los préstamos convertible y Jumbo) y una extensión por cinco años del resto. 

Sin la ayuda pública

Además, los tenedores de aproximadamente un 90% de la deuda de Celsa, que actúan de forma mancomunada en este proceso, renunciarían al rescate del fondo de la SEPI, solicitado en su día por los Rubiralta y aprobado por el Consejo de Ministros a finales del pasado junio.

Sede de la SEPI / MAPS

La ayuda pública, articulada a través de dos préstamos que totalizan 550 millones de euros, está condicionada a un acuerdo entre las partes para determinar el futuro de Celsa, un extremo que hasta la fecha no ha sido posible.