La industria española pone condiciones al plan de Bruselas para ahorrar gas

La industria española, agrupada entorno a la plataforma Alianza por la Competitividad de la Industria, ha puesto sus condiciones al plan de contingencia de ahorro de gas que el Gobierno debe remitir este septiembre a la Comisión Europea. Las peticiones de la industria llegan en plena asfixia por el encarecimiento de los costes de la energía y pocos días después de que el Gobierno haya recabado la opinión de las comunidades autónomas antes de mandar sus propuestas a Bruselas.

En el transcurso de una reunión mantenida este lunes con las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto, nueve patronales de sectores tan diversos como la automoción, las químicas y las cementeras han puesto el acento en la necesidad de intensificar las ayudas públicas y blindar los contratos de energía a largo plazo, entre otras actuaciones que forman parte de un "decálogo de medidas urgentes y prioritarias" según ha declarado la Alianza en un comunicado.

Más ayudas a la demanda

Más allá de destacar la modificación del funcionamiento del mercado eléctrico europeo, en manos de Bruselas, la Alianza ha reclamado la exención del coste del mecanismo de ajuste para todos los contratos a plazo con precios fijos anteriores al 26 de abril. "Se está penalizando de forma muy importante e injustificada a consumidores industriales que intentaron cubrir sus costes eléctricos", ha explicado la plataforma.

También ha pedido la activación de ayudas a la demanda energética de la industria de entre dos y 50 millones por sector, así como la modificación urgente del sistema de excepción ibérica para incluir a las plantas de cogeneración.

Coches eléctricos y préstamos

Asimismo, se ha exigido la reactivación urgente de los mecanismos de interrumpibilidad voluntarios y retribuidos para las gasistas y eléctricas, la aprobación de un plan de renovación del parque de vehículos para acelerar la penetración de los coches eléctricos.

Todos los sectores afectados han solicitado líneas de acceso directo a préstamos para circulante, favorecer al máximo la valorización energética y actualizar las actividades receptoras de compensación de costes indirectos de dióxido de carbono (CO2) con una adecuada dotación de recursos.