Andorra liquida BPA con la causa judicial aún abierta

Los acontecimientos empezaron a precipitarse a mediados del pasado año. Por entonces, se conocieron las conclusiones de la ardua investigación llevada a cabo por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) durante seis largos años, según las cuales Banco Madrid no podía ser acusado de delito alguno relacionado con el blanqueo de capitales procedentes del exterior.

Indemnización

El mismo organismo que en 2015 envió un informe al Banco de España que recogía presuntas irregularidades, que derivó en la inmediata intervención por parte del regulador, admitía tiempo después que, aunque los controles y protocolos internos de la entidad tenían margen de mejora, no había encontrado evidencias de actuación delictiva alguna. 

La familia Cierco, principal accionista de BPA, redobló sus reclamaciones ante la Justicia y actualmente solicita una indemnización en torno a los 150 millones de euros por los daños causados a partir de unos informes que han resultado infundados.

La intervención de EEUU 

Porque, por entonces, no sólo fue el Sepblac el que advirtió sobre presuntas maniobras relacionadas con el blanqueo de capitales procedentes del exterior, especialmente de destinos como China y Venezuela. También el Departamento del Tesoro de EEUU contribuyó a extender las sospechas sobre las actividades de BPA, lo que terminó de enterrar a Banco Madrid debido a la huida de los grandes capitales que la entidad había sido capaz de captar desde que en 2010 fue adquirido a Kutxa por la entidad andorrana. 

La mayoría huyó, temerosa de las posibles actuaciones del FinCEM norteamericano. Sin embargo, otros, preferentemente minoritarios, no tuvieron esa oportunidad en BPA y llevan tiempo esperando el final de un proceso que, ahora, se puede incluso complicar más por las denuncias en torno a la llamada ‘operación Cataluña’.

Este caso se basa en la teoría de que la causa final del ataque contra Banco Madrid y, por ende, contra BPA (que años después se ha demostrado infundado) fue una operación de acoso y derribo por parte del Gobierno español contra los entornos de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, y también contra determinados actores relevantes del mundo separatista, entre otros el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras.

A tal efecto, la Justicia del Principado investiga desde hace tiempo al, por entonces, lider del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy, así como a sus ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Inquietud 

Todos ellos están llamados a declarar ante el juez así como otros investigados como el antiguo secretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Una declaración que ha llevado la inquietud hasta el entorno de Rajoy, según ha podido saber Crónica Global, por lo impredecible de las consecuencias y su posible relación con el proceso de liquidación de BPA.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy / EFE

Trasfondo político

Desde un primer momento, los Cierco denunciaron maniobras extrañas para echar abajo Banco Madrid y también hicieron hincapié en la rapidez con la que se habían desarrollado los procedimientos de intervención, declaración de concurso de acreedores y liquidación de la entidad, que apenas llevó unos meses pese a la complejidad de este tipo de trámites. 

Las sospechas de un posible trasfondo político siempre estuvieron presentes en el caso; cabe recordar que, además de las acusaciones de presunto blanqueo de capitales, sobre Banco Madrid también pesó en su día la sospecha de realizar operaciones relacionadas con la banda terrorista ETA, que provendrían supuestamente de la etapa en la que el banco estuvo en manos de Kutxa. Algo que, como en el caso del presunto blanqueo, tampoco llegó a probarse nunca.