Nuevo golpe al control de alquileres: el TSJC suspende otras seis zonas tensas

Nuevo revés judicial para el control de precios de los alquileres. Tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que tumbó el pasado marzo el grueso de la ley catalana que fijaba topes a los arrendamientos, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido de forma cautelar seis zonas tensas de vivienda en la comunidad. Una medida que se solapa con el posicionamiento del alto tribunal pero que complica el encaje de la regulación que prepara el Gobierno para limitar las rentas de alquiler.

En concreto, los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativa han decretado la inaplicación temporal de las zonas tensas en Begues, Cerdanyola del Vallès, L'Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei y Sant Adrià del Besòs. Los recursos interpuestos tanto por la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona como por las asociaciones de agentes inmobiliarios han tenido éxito y se suman a la suspensión cautelar de la misma actuación adoptada en abril en la Ciudad Condal.

Futura ley de vivienda

Si bien es cierto que esta retahíla de anulaciones llega tras el pronunciamiento del TC, la decisión lleva una carga de profundidad. Fuentes jurídicas consultadas por Crónica Global apuntan a que la interlocutoria del TSJC, que podría reproducirse en otras localidades, condicionaría el articulado de la ley de vivienda proyectada por el Ejecutivo al menos en un punto: el mantenimiento de las demarcaciones consideradas problemáticas en el derecho al acceso a la vivienda.

Este proyecto normativo, ampliamente criticado por los operadores inmobiliarios, pretende trasladar el control de precios a un ámbito nacional. De esta forma se daría respuesta a las críticas del Constitucional sobre la falta de competencia de las autonomías para legislar sobre la libre determinación de las rentas. Como ha fijado el TC esta es una materia cuya base debe establecerse de forma común en todo el Estado.

El mercado de los alquileres, en una imagen de archivo / CD

Encaje legal complicado

En un principio, la ley de vivienda tendría la opción de tomar como referencia las zonas tensas declaradas anteriormente en la región. Antes de que se tumbaran los artículos de la ley autonómica, 49 poblaciones renovaron este estatus en septiembre del año pasado y otras 14 pidieron su tramitación, algunas de los cuales como L'Hospitalet ahora han sido anulados [la lista completa puede verse aquí].

Pero lo fundamental es que buena parte de los núcleos de población en la región, incluyendo grandes urbes como Barcelona, Badalona y Tarragona, se apuntaron a la medida. ¿Qué podría suceder a partir de ahora? "Cuando salió la sentencia del Constitucional no se habían resuelto estos recursos. Ahora el TSJC viene a decir que si el Constitucional ha entendido que hay un problema competencial con la libre determinación de las rentas, obviamente los mecanismos como las zonas tensas para determinar estas rentas en principio no tienen mucho sentido", expone Montse Junyent, responsable de asesoría jurídica de API Cataluña. Si bien la situación es incierta, como reconoce Oscar Gorgues, gerente de la cámara de propietarios de la capital catalana: "No sabemos todavía en qué condiciones se fijarán las zonas tensas de vivienda en la ley estatal".

Situación incierta

En cualquier caso, las interlocutorias sobre las cautelares solo han seguido un criterio de prudencia sin entrar en el fondo del asunto como es preceptivo en esta fase procesal. Pero lo más probable es "que deban reiniciarse los trámites", señala la jurista. "Las declaraciones de mercado tenso podrían ser distintas en otros momentos en base a los informes y memorias concretos que se presentasen. Las condiciones del propio mercado no siempre son las mismas", añade Junyent.

Es decir, que las áreas tensas detectadas en múltiples puntos de Cataluña no podrían subrrogarse al nuevo esquema jurídico que plantea el Gobierno. Sea como sea, la decisión del TSJC termina de enterrar el control de alquileres en la comunidad, la propuesta estrella del anterior gobierno autonómico liderado por Quim Torra.