La ANC quiere reducir a dos las 'sillas de plata' en la Cámara de Comercio de Barcelona

La Cámara de Comercio de Barcelona someterá el próximo miércoles a votación del pleno una importante reconfiguración de su máximo órgano de gobierno. Una propuesta de acuerdo instada por el equipo dirigente de la entidad de dinamización empresarial local, surgido de la candidatura independentista Eines de País y liderado por Mònica Roca, pretende reducir de 14 a solo dos las denominadas sillas de plata.

Estos puestos están ocupados por representantes de grandes empresas que realizan aportaciones voluntarias a las arcas de la organización de derecho público. En concreto, estas corporaciones efectúan un desembolso de un mínimo de 75.000 euros anuales.

Boquete financiero

Si las pretensiones de Roca se materializan, extremo previsible puesto que los independentistas patrocinados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) tienen mayoría en el pleno, este recorte de escaños abriría una brecha en la financiación de la institución. Además, las alteraciones en el pleno afectarían notablemente las próximas elecciones camerales.

De hecho, la inyección dineraria de las grandes compañías supone unos ingresos de 825.000 euros en un presupuesto que superó en 2021 los 24 millones. Las fuentes consultadas apuntan que esta disminución económica dejaría la entidad en manos de las Administraciones públicas, especialmente la Generalitat de Cataluña. Este esquema de financiación iría en contra del espíritu de la reforma del régimen jurídico de estas corporaciones elaborado en 2010, que obligó a todas las cámaras a aumentar sus recursos propios a través del mayor impulso de actividades y servicios para sus asociados.

Fracaso de la ley cameral

Cabe recordar que la Cámara de Barcelona ya intentó durante la etapa de Joan Canadell como presidente y de Quim Torra al frente de la Generalitat conseguir financiación vía presupuestos catalanes. Contaba con el visto bueno del Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña, el órgano que aúna las 13 organizaciones de dinamizción empresarial local, que veía en el cambio normativo un seguro para sus finanzas. Con todo, la propuesta legislativa nunca llegó a prosperar por la oposición que Torra encontró incluso dentro de su gobierno.

ERC la bloqueó, ya que sabía que no contaba con los apoyos necesarios para que prosperase (tanto de la oposición parlamentaria como de los agentes sociales en bloque, que veían en el documento que se había trabajado un choque frontal con su papel como patronales y sindicatos). Canadell pidió entonces al resto de presidentes camerales que renunciasen junto a él para mostrar su rechazo a la decisión de los republicanos, cuestión que no prosperó pero sí que tuvo mucho que ver con el relevo del ahora diputado de JxCat al frente de la institución de Barcelona. 

Más vocales electos

La reducción de los miembros de pago que se propondrá en el pleno de esta semana se compensaría por el aumento del número de vocales electos por sufragio, que pasarían de 40 a 52. La normativa exige que las cámaras de comercio tengan un pleno formado por entre 10 y 60 miembros, dos tercios de los cuales deben elegirse en las urnas. En Barcelona, históricamente se ha llegado a la cifra máxima. 

Se reserva una cuota de representación para las empresas con mayor aportación económica voluntaria (ahora mínima) y otra para personas elegidas en nombre de las principales patronales de cada demarcación --en Cataluña, Foment del Treball y Pimec--. El plan de los independentistas consolida los seis representantes de este último epígrafe. Así pues, Eines de País no puede suprimir totalmente las sillas de plata, aunque sí erosionar su representatividad y capacidad de influencia en el seno de la entidad. En esa línea, según las fuentes consultadas, se encamina la propuesta de modificación interna que, además, calienta motores para las nuevas elecciones que deberá atravesar la institución en mayo de 2023. Los comicios tendrán lugar de forma paralela a las municipales, por lo que se espera que, de nuevo, estén politizados. 

Politización 'indepe'

Desde que la lista independentista ganó las elecciones camerales en 2019, la relación entre sus candidatos y las grandes empresas no ha sido pacífica. Las llamadas al boicot contra grandes grupos privados por parte de la ANC, así como las críticas directas contra las compañías que trasladaron su sede social por el 1-O por parte de la plataforma secesionista propiciaron un enrarecimiento de las relaciones.

Actualmente, en el pleno solo se sientan 11 de las 14 compañías que cuentan con plaza de pago. En 2021, Naturgy, Catalonia Hotels y Abertis alegaron motivos puramente económicos para dejar vacante su puesto, aunque el rechazo a la politización de la organización alentó sus decisiones. De hecho, en el próximo cónclave del 29 de junio también se someterán a aprobación dos polémicas iniciativas: por un lado, la adhesión al Consell per la República del expresidente prófugo Carles Puigdemont y, por otro, un cambio de su escudo corporativo que borra cualquier iconografía monárquica.

Elecciones en 2023

En el pleno todavía figuran grupos financieros como Caixabank y su hólding de participadas Criteria, Banco Sabadell y Banco Mediolanum. También continúan Deloitte, Indra, PricewaterhouseCoopers, RACC, Damm y Aigües de Barcelona. En 2019 se cayó de la lista Magma Disseny, pero Canadell logró en aquella ocasión pactar con el Gremio de Hoteles de Barcelona para que ocupase su lugar. Entró en la Cámara a cambio de dejarle presidir Turisme de Barcelona. 

Todavía habría otra clave que explicaría el interés del equipo de Roca por modificar la constitución del pleno: los próximos comicios de mayo de 2023. El aumento de los vocales rasos podría incidir sobre un proceso electoral que todavía debe configurar su procedimiento tras el fiasco de la votación electrónica que marcó el anterior.

'Pinchazo' del voto electrónico

De hecho, en diciembre del año pasado la justicia revocó los resultados definitivos de varios epígrafes de las elecciones de 2019 al dar por probados los fallos del sistema de votación. En concreto, se dejó sentado que no se verificaron debidamente los votos en remoto antes de su emisión. Anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya anuló en marzo de 2020 el decreto de la Generalitat que definía el régimen electoral por omitir un trámite previo.

Precisamente, la Cámara de Comercio de Barcelona pretende presentar un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para revertir la anulación. Este movimiento también se someterá a votación en el pleno del próximo miércoles.