El independentismo admite por primera vez la fuga de empresas en Cataluña

Como trasfondo de ese debate, apuntan fuentes empresariales, subyace el descontento por la gestión que está haciendo Esquerra, a la que ven demasiado sumisa ante la CUP, y la falta de desarrollo de la Ley 18/2020, de facilitación de la actividad económica. Portavoces de la Consejería de Empresa admiten a Crónica Global que todavía no se ha aprobado el despliegue reglamentario que permitirá gestionar las designaciones de los proyectos empresariales estratégicos, pero aseguran que “se está trabajando con celeridad”.

Ocurrió el pasado jueves, durante la celebración del pleno del Parlament, donde se debatió una moción presentada por el diputado de PSC-Units, Òscar Ordeig, sobre el éxodo de empresas de Lleida. Asistió el secretario de Empresa, Albert Castellanos, en ausencia del consejero, Roger Torrent. Y aunque Esquerra y Junts votaron en contra de los puntos de la iniciativa en que se instaba al Govern a hacer autocrítica sobre la falta de incentivos, las intervenciones desvelaron un cierto fuego cruzado entre Junts y Esquerra.

El neoconvergente Ramón Tremosa, predecesor de Torrent al frente de la Consejería de Empresa, aseguró que “tenemos una moción sobre la deslocalización industrial, que es una cuestión relevante. Y, efectivamente, ese informe del que se ha hablado, pues, reconoce que hay empresas de Lleida que en los últimos años se han ido hacia Aragón, donde han encontrado más espacio disponible y también mayor agilidad administrativa. Y, bueno, es necesario reconocer estas cosas. Yo mismo vengo de la Franja de Ponent, mi padre nació en la Alta Ribagorça aragonesa y conozco bien esta situación, porque voy a menudo. Y hay que reconocer las cosas”.

Destino de las empresas que se fueron de Lleida

En un tono muy diferente, el diputado de ERC, Engelbert Montalà, se dirigió así a Ordeig: “No pensamos blanquear ningún punto de su discurso que les sirva para justificar el dumping fiscal y empresarial. Si su estrategia para atraer empresas es reducir impuestos o rebajar estándares, aquí no estaremos. Escuchaba su intervención con detalle y me gustaría situar sobre la mesa un tema que, en ocasiones, no se dice lo suficiente, la corresponsabilidad”.

Esquerra alegó que, según ese informe, de las 428 empresas que se marcharon de Lleida en los últimos seis años, un 54% tuvieron como destino el territorio catalán, mientras que un 18,9% lo hicieron a Aragón y un 14%, a Madrid.

Òscar Ordeig, diputado socialista / EP

No obstante, recuerda Ordeig, “en 2017 i 2018 se dispararon las que se fueron a Aragón y Madrid”. Se trata de los dos años en que el proceso independentista alcanzó su punto más álgido. Y las formaciones responsables del desafío siempre negaron que la fuga total de empresas se debiera a la inestabilidad provocada por el procés.

Sin embargo ¿qué hay detrás de esa resistencia de ERC a reconocer esos factores que expulsan a las empresas catalanas?

“Los empresarios están descontentos con el Govern, sobre todo con ERC porque consideran que hacen seguidismo de la CUP”, explican fuentes empresariales. El sector está muy pendiente del desarrollo de la Ley 18/2020, de facilitación de la actividad económica, cuya finalidad es facilitar la implantación de inversiones y de proyectos empresariales estratégicos en Cataluña. PSC considera que tanto esa norma, como los recursos que contempla, no se ha desarrollado e intentó arrancar del Parlament una denuncia que, finalmente, no logró debido al voto en contra de ERC, JxCat, CUP y la abstención de los comunes. 

Sí prosperó el punto de los socialistas, con apoyo del Govern, referente a la presentación de una propuesta, conjuntamente con el sector empresarial, para detectar y ayudar a las empresas en dificultades para evitar su cierre o traslado por razones de viabilidad, así como la elaboración de un estudio comparativo de los impuestos propios de la Generalitat y los de Aragón

"La ley es operativa"

Fuentes de la Consejería de Empresa aseguran a Crónica Global que la citada ley 18/2020 “ya es operativa y está en vigor desde el 20 de enero de 2021, pero hay una serie de puntos que deben desplegarse reglamentariamente, y su trámite se inició en el mismo momento en que entró en vigor la ley”.

En este sentido, explican que “se ha realizado un trabajo colaborativo con los representantes tanto de la Generalitat como del mundo local y también con los agentes económicos para avanzar lo más rápido posible todas las fases por las que debe pasar el proyecto de Decreto/ reglamento. Se está trabajando con la mayor celeridad”.

Desarrollo reglamentario

En estos momentos, añaden estas fuentes, ese desarrollo reglamentario “ya ha pasado por la Comisión de Gobierno Local y el Consejo de Trabajo Económico y Social y sólo falta que la Comisión Jurídica Asesora elabore su informe. En cuanto se disponga se podrá aprobar el decreto/reglamento y podremos gestionar las designaciones de los proyectos empresariales estratégicos, que deben permitir que se puedan beneficiar de una reducción de plazos en los procedimientos que necesitan para impulsar una actividad”.

“La ley está bien –añade el socialista Ordeig--. El problema es que no la aplican y que el resto de políticas publicas tampoco ayudan: impuestos, ley urbanismo, inestabilidad, normas ambientales...”.