La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, situó a Foment del Treball como su principal oposición en la ciudad. Con todo, su partido se inspira en las propuestas de la patronal presidida por Josep Sánchez-Llibre a la hora de lanzar propuestas legislativas como la que ha dado a conocer el presidente de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, y la del Parlament, Jéssica Albiach, para fiscalizar la ejecución presupuestaria en inversiones en Cataluña.

La confluencia de Unidas Podemos propone crear una “oficina de seguimiento” para fiscalizar que los proyectos llegan a buen puerto. Señala que debería estar formada por los dos gobiernos, el central y el catalán, y que debería depender del ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por la socialista Raquel Sánchez. Además, pretende que tenga una doble sede, una en Madrid y otra en alguna ciudad catalana.

Propuesta de Foment

La iniciativa recuerda mucho a la lanzada a principios de mes por la organización empresarial. Foment del Treball pidió crear una agencia para velar por el cumplimiento de las cifras recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, pero con carácter independiente. También demandó que su puesta en marcha se llevase a cabo a través de una ley aprobada en las Cortes.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, en la jornada 'Salud e innovación, ejes de la reconstrucción social y económica' / FOMENT

La contraprogramación de los comunes exige que esta vigilancia se realice mediante un organismo íntegramente público e inspirado en el que fiscaliza el plan de Rodalies de Renfe. Se trata de una declaración de intenciones en línea con la ideología política del partido, contrario a la colaboración público-privada.

Ejecución real

Según Asens, esta medida sería la fórmula ideal para “corregir una injusticia territorial” que implica un “agravio comparativo de Cataluña” respecto a otros territorios del país. También ha defendido que la oficina “debe acabar con la sensación legítima de abandonamiento social, político y económico que aleja a Cataluña del Estado”.

La formación no tiene en cuenta que si se analiza las inversiones de las empresas públicas de la administración central que han llegado a Cataluña, la comunidad se convierte en la mayor receptora del país con 3.970 millones de euros. Le sigue Andalucía con 3.386 y Castilla y León, con 3.329 millones que se han distribuido en proyectos ejecutados.

EJECUCIÓN DE INVERSIONES REALES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 2015-2021 (en euros)

Comunidad Autónoma

 Inicial

 Real

 (%) Ejecución

CATALUÑA

 7.958.665.000

 3.970.327.610

 49,89

ANDALUCÍA

 7.271.556.000

 3.386.464.846

 46,57

CAST. Y LEÓN

 5.319.142.000

 3.329.448.443

 62,59

COM.MADRID

 4.578.627.000

 3.072.876.215

 67,11

GALICIA

 5.453.114.000

 2.623.867.147

 48,12

VALENCIA

 4.322.854.000

 1.664.600.544

 38,51

EUSKADI

 3.107.527.000

 1.276.127.102

 41,07

EXTREMADURA

 1.832.912.000

 1.029.773.699

 56,18

CANARIAS

 1.780.247.000

 899.573.552

 50,53

ASTURIAS

 1.321.863.000

 674.198.372

 51,00

BALEARES

 885.764.000

 620.058.502

 70,00

MURCIA

 1.659.930.000

 576.094.736

 34,71

CAST-LA MANCHA

 1.629.303.000

 512.778.010

 31,47

ARAGÓN

 1.041.525.000

 511.309.305

 49,09

CANTABRIA

 817.518.000

 271.540.379

 33,22

NAVARRA

 362.566.000

 170.673.955

 47,07

LA RIOJA

 108.207.000

 53.927.076

 49,84

CEUTA

 59.645.000

 53.057.471

 88,96

MELILLA

 84.409.000

 24.085.318

 28,53

       

TOTAL

 49.595.374.000

 24.720.782.283

 49,84

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado

 

Comunidad de Madrid, la que se señala como la gran beneficiada, recibió en este periodo 3.072 millones. Es verdad que se llega al 67,11% de la ejecución presupuestada, pero tampoco es el territorio con el porcentaje más elevado. Si se deja de lado Ceuta y Melilla, la autonomía más aventajada entre 2015 y 2021 fue Baleares, con una ejecución del 70% que le propició inversiones por 620 millones.

Avales necesarios

Asens y Albiach han avanzado que su propuesta legislativa cuenta con el aval de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Queda pendiente que la apoyen tanto el PSOE como el Govern de la Generalitat.