Los comunes copian a Foment del Treball para fiscalizar la ejecución en inversiones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, situó a Foment del Treball como su principal oposición en la ciudad. Con todo, su partido se inspira en las propuestas de la patronal presidida por Josep Sánchez-Llibre a la hora de lanzar propuestas legislativas como la que ha dado a conocer el presidente de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, y la del Parlament, Jéssica Albiach, para fiscalizar la ejecución presupuestaria en inversiones en Cataluña.

La confluencia de Unidas Podemos propone crear una “oficina de seguimiento” para fiscalizar que los proyectos llegan a buen puerto. Señala que debería estar formada por los dos gobiernos, el central y el catalán, y que debería depender del ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por la socialista Raquel Sánchez. Además, pretende que tenga una doble sede, una en Madrid y otra en alguna ciudad catalana.

Propuesta de Foment

La iniciativa recuerda mucho a la lanzada a principios de mes por la organización empresarial. Foment del Treball pidió crear una agencia para velar por el cumplimiento de las cifras recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, pero con carácter independiente. También demandó que su puesta en marcha se llevase a cabo a través de una ley aprobada en las Cortes.

La contraprogramación de los comunes exige que esta vigilancia se realice mediante un organismo íntegramente público e inspirado en el que fiscaliza el plan de Rodalies de Renfe. Se trata de una declaración de intenciones en línea con la ideología política del partido, contrario a la colaboración público-privada.

Ejecución real

Según Asens, esta medida sería la fórmula ideal para “corregir una injusticia territorial” que implica un “agravio comparativo de Cataluña” respecto a otros territorios del país. También ha defendido que la oficina “debe acabar con la sensación legítima de abandonamiento social, político y económico que aleja a Cataluña del Estado”.

La formación no tiene en cuenta que si se analiza las inversiones de las empresas públicas de la administración central que han llegado a Cataluña, la comunidad se convierte en la mayor receptora del país con 3.970 millones de euros. Le sigue Andalucía con 3.386 y Castilla y León, con 3.329 millones que se han distribuido en proyectos ejecutados.

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado

Comunidad de Madrid, la que se señala como la gran beneficiada, recibió en este periodo 3.072 millones. Es verdad que se llega al 67,11% de la ejecución presupuestada, pero tampoco es el territorio con el porcentaje más elevado. Si se deja de lado Ceuta y Melilla, la autonomía más aventajada entre 2015 y 2021 fue Baleares, con una ejecución del 70% que le propició inversiones por 620 millones.

Avales necesarios

Asens y Albiach han avanzado que su propuesta legislativa cuenta con el aval de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Queda pendiente que la apoyen tanto el PSOE como el Govern de la Generalitat.