Celsa rechaza el plan de sus acreedores, que pone en peligro el rescate

El rescate público a Celsa se encalla por el choque entre la compañía y el grupo de entidades que conforman el grueso de sus acreedores. El consejo de la compañía siderúrgico ha rechazado la propuesta de éstos en relación con la ayuda de 550 millones de euros aprobada recientemente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al entender que no es posible hacer compatibles ambas circunstancias.

Después de que la compañía controlada por la familia Rubiralta obtuviera el visto bueno del fondo de ayuda a las empresas con dificultades financieras como consecuencia de la pandemia, los acreedores han puesto encima de la mesa un plan para dar su correspondiente aprobación con una serie de exigencias que cuentan con el rechazo de Celsa, lo que hace que el proceso de rescate quede en el aire. 

Más deuda que antes

En un comunicado emitido a última hora de este lunes, Celsa considera que la pretensión por parte de los acreedores de que la compañía emita un nuevo bono convertible por valor de 900 millones de euros no solventaría el problema del abultado endeudamiento que acumula.

Bajo su consideración, si aceptara esta medida su deuda total se iría al entorno de 1.700 millones de euros cuando finalizara el plazo de la ayuda pública; es decir, que aún estaría en peor situación que la actual por lo que la ayuda pública “no serviría para reducir el endeudamiento de la compañía”, tal y como se pretende.

Entrar en el capital

La intención de los acreedores es aprovechar el rescate público para tomar una parte del capital de la compañía, hasta un 49%, y comenzar a participar en la gestión, algo a lo que también se niegan los Rubiralta, aun en el caso planteado por los fondos, en el que seguirían teniendo una participación mayoritaria.

En la nota remitida a los medios, Celsa recuerda que los actuales acreedores de la compañía no fueron los encargados de financiar a la compañía en origen sino que se hicieron con la deuda tras adquirirla en el mercado secundario con descuentos que superaron en ocasiones el 90%.

Elementos incompatibles

La siderúrgica también acusa a los acreedores de pretender trasladar el centro de decisiones y el órgano de administración fuera de España, lo que sería incompatible con la obtención de la ayuda pública. 

Además, el rescate aprobado por el fondo de la SEPI aun debe ser refrendado por la Comisión Europea, dado el elevado volumen de los dos préstamos que espera Celsa.

Tanto el comité ejecutivo como el consejo de Celsa han rechazado de forma unánime las exigencias de las entidades acreedoras a las que también han instado a no torpedear el proceso del rescate de la compañía.