El TSJC da un toque al SEPE: obliga a pagar el paro a una empleada del hogar

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) ha condenado de nuevo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a abonar el subsidio de desempleo a una trabajadora del hogar. Se trata de la segunda sentencia del alto tribunal que reconoce, con base en la jurisprudencia europea, el derecho a esta prestación para las empleadas mayores de 52 años. Un movimiento que va en la línea del inminente real decreto del Gobierno que pretende mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo.

Hasta ahora, las limpiadoras estaban excluidas del sistema nacional de protección por desempleo, puesto que la normativa impedía compaginar su actividad profesional con la cotización en la Seguridad Social. Sin embargo, el posicionamiento adoptado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado febrero extendió la paga mensual de 463,21 euros a las empleadas del hogar pese a no contar con seis años mínimos de cotización.

Jurisprudencia europea

De hecho, la resolución firmada el pasado 11 de mayo por los jueces Núria Bono, Salvador Salas y Maria Pilar Martín recuerda que "en la reciente sentencia del 16 de marzo de 2022, ya se ha aplicado la doctrina de la indicada sentencia del 24 de febrero de 2022 [del TJUE] a un caso igual al que nos ocupa, reconociendo a la demandante de aquel pleito el subsidio por desempleo para mayores de 52 años que le había denegado el SEPE".

En ambos casos, a las demandantes les fue negada la ayuda en primera instancia y, tras recurso de suplicación, fue el TSJC quien ha avalado la prestación asistencial. Ambas resoluciones no son firmes, sino que cabe recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

"Desamparo social"

La argumentación de los magistrados trae causa del pronunciamiento histórico de Luxemburgo que considera injustificada esta doble vara de medir: "La opción legislativa de excluir a los empleados de hogar de las prestaciones por desempleo concedidas por el Régimen General de Seguridad Social español no parece aplicarse de manera coherente y sistemática en comparación con otros colectivos de trabajadores que disfrutan de esas mismas prestaciones pese a presentar características y condiciones de trabajo análogas".

"Dado que esta exclusión aparentemente entraña una mayor desprotección social de los empleados de hogar, que se traduce en una situación de desamparo social, no parece (...) que la disposición nacional controvertida en el litigio principal sea necesaria para alcanzar los objetivos mencionados [puesto que el Estado argumentó en el juicio que la discriminación obedecía a razones de política económica]", recoge la sentencia del TSJC.

El convenio 189

Fuentes jurídicas consultadas por Crónica Global apuntan que ambos fallos han generado satisfacción en un grupo de trabajadoras especialmente vulnerable. Sin embargo, queda trabajo por hacer. El abogado del Colectivo Ronda, Sergio Maldonado, recuerda que la resolución europea llega antes de que el Estado haya traspuesto el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT).

Por otro lado, Maldonado recuerda que una disposición adicional del real decreto 1620/2011, que actualizaba las normas sobre el servicio del hogar familiar, ya previó la constitución de un grupo de expertos para mejorar los derechos de este colectivo laboral en cuanto al despido improcedente y el sistema de protección por desempleo. De eso hace más de 10 años. "La sentencia europea ha llegado antes", lamenta el letrado.

Trabajo mueve ficha

El Ministerio de Trabajo ha instado a poner fin a esta discriminación a través de la transposición urgente del convenio 189 en un real decreto que homologará el empleo del hogar al trabajo por cuenta ajena en todos sus aspectos, incluyendo la equiparación en descansos y vacaciones y una serie de garantías para las trabajadoras inmigrantes.

En España, hay cerca de 600.000 trabajadoras del hogar y los cuidados, según datos de Oxfam. La mayoría son mujeres, un alto porcentaje de las cuales con migrantes, y con sueldos bajos. La vía abierta por el TSJC es un primer paso para dignificar un sector invisibilizado.