Las sombras de corrupción doblegan a la funeraria municipal en la que se fijó Barcelona para tratar de montar una empresa de sepelios municipal, proyecto que descarriló. La Funeraria de Madrid está en el centro de la polémica por los contratos sospechosos para proveer de material sanitario firmados con dos empresarios en el pico de la pandemia, acuerdos que generaron comisiones por valor de seis millones a los conseguidores. 

Alertan de ello fuentes del sector funerario, que recuerdan que el escándalo por los contratos de fungible contra el virus comprado por el Ayuntamiento de Madrid por la vía de su funeraria pública tiene una derivada en Barcelona: la Administración intentó montar una empresa idéntica el pasado mandato, pero el proyecto naufragó hasta en cuatro ocasiones por falta de apoyo político.

"Lo 100% público no es siempre mejor"

Desde el sector funerario dan un aldabonazo de alerta sobre los riesgos de mala praxis en algunas relaciones entre las Administraciones públicas y sus empresas participadas, que es el caso de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA, controlada en su totalidad por el Ayuntamiento de Madrid. "Lo público no garantiza siempre la eficiencia y la transparencia", advierten, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que habrían actuado de comisionistas para la firma pública. 

A este respecto, recuerdan que el modelo mixto que opera en Barcelona funcionó sin problemas aparentes en pandemia, sosteniendo estructuras como la ampliación del tanatorio que se habilitó en Collserola, que opera Serveis Funeraris de Barceona (Sfb). De hecho y como explicó este medio, el colapso en la fase aguda del virus se dio solo en Cementiris de Barcelona, que es 100% municipal y tiene la cremación en régimen de monopolio. 

Madrid acabará en comisión

En la capital, el desempeño de la funeraria municipal está bajo la lupa y, de hecho, una comisión municipal ad hoc estudiará los contratos que se asignaron por medio de esta sociedad pública en el episodio más virulento de la pandemia. Ello es así después de que el ministerio público se querellara contra Medina y Luceño, amigo del primero, por embolsarse cerca de seis milllones en comisiones para proveer material sanitario al ayuntamiento. 

Las remesas tampoco fueron solventes. La pareja de conseguidores, al parecer, proveyó fungibles defectuosos y por un precio superior al del mercado. Tras lograr traerlos desde China, los colocaron a la Administración local y cobraron una jugosa comisión, que gastaron en bienes de lujo, como relojes y un barco. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Ya hubo problemas y una huelga

Esta es la última noticia. Pero es que en el pasado, la Funeraria de Madrid tampoco capeó la crisis sanitaria como lo hicieron otros operadores. Como explicó este medio, en la capital se produjo un colapso funerario durante la cascada de fallecimientos provocada por el coronavirus que en Barcelona no tuvo lugar. En la Ciudad Condal todo el circuito público-privadi aguantó, salvo la cremación, que es municipal y en monopolio. De hecho, algunos operadores privados acabaron hartos de Cementiris de Barcelona, como adelantó Crónica Global. 

De nuevo en la mayor ciudad española, Funeraria de Madrid encajó un conato de huelga en 2020 por falta de medios materiales y recursos humanos contra el coronavirus. La protesta se produjo en uno de los primeros rebrotes del patógeno en la capital. Pese a ello, Madrid sí premió a sus funerarios, pero Barcelona se olvidó de ellos en algunos homenajes a los trabajadores esenciales tras el pico de muertes. 

Funeraria fallida

Esta senda de conflictos llegan después de que el proyecto del Ayuntamiento de Barcelona de crear una funeraria municipal naufragara. Ocurrió el pasado mandato, cuando el pleno municipal derribó en cuatro ocasiones la iniciativa de Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa Ada Colau, que defendía la idea por medio de Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática. Hasta el propio PSC, socio de gobierno, albergaba dudas. 

De hecho, el planteamiento de funeraria municipal chocó con la oposición de los trabajadores de Serveis Funeraris, que recordaron a Colau y Badia que ellos también eran parte pública. Asimimo, se planteó unos sepelios low cost no sustentados con datos económicos objetivos. El proyecto se desfondó y el gobierno municipal actual lo ha descartado, por ahora.