El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha detallado las medidas que el regulador considera necesarias para paliar la inflación in crescendo. Ha señalado los peligros de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “supere la productividad individual”, ya que tendría efectos negativos en los colectivos más vulnerables que, según su punto de vista, deben abordarse con “políticas activas de empleo”.
Para evitar la pérdida de poder adquisitivo ha hablado de un “pacto de rentas” entre empresas y trabajadores que sirva para que las compañías no pierdan competitividad. Además de “ayudas públicas” para las familias y los privados que están en peor situación y que tienen unas perspectivas poco optimistas ya que, según su valoración, la escalada de precios energéticos se puede prolongar entre dos y tres años.
Reparto de pérdidas
A su juicio, el “pacto de rentas” que se debe lograr en España pasa por admitir que el país es hoy más pobre que hace unos meses. Recuerda que el territorio no es un productor nato y que el acceso a estos productos en el mercado internacional es ahora más caro.
Imagen de archivo de una fábrica con máquinas / PIXABAY
Hernández de Cos apuesta por “repartir esa pérdida” en márgenes empresariales salarios que lleven aparejado la protección del empleo. Eludir el problema solo llevaría, según su valoración, en profundizar la espiral inflacionista.
Motivos de la inflación persistente
En su intervención en la Institución Futuro en Pamplona, el banquero ha reconocido que la guerra de Ucrania ha barrido la recuperación que se preveía tras la pandemia. Con todo, ha indicado que los motivos de la inflación “más persistente” se tienen que buscar más allá del conflicto bélico. Apunta a que coinciden “elementos de oferta y demanda, cuellos de botella en el transporte internacional y la liberalización de las restricciones” con el consiguiente repunte en el consumo.
Todo ello genera mayor tensión en la economía mundial, y la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido la guinda del pastel. Al efecto de las sanciones internacionales se le suma la subida de precios y una mayor exposición financiera del sector bancario y el deterioro del canal comercial con el país gobernado por Vladimir Putin. Se trata de una situación con incidencia en las cadenas globales de valor y con un incremento “brutal” de la incertidumbre. Es decir, en la confianza tanto de los consumidores como de los mercados.
Caos hasta 2024
El gobernador del Banco de España manifiesta que la subida de los precios energéticos, la consecuencia más directa, también impulsa unas tensiones inflacionistas que llegarán como mínimo a 2024.
En cuanto al mercado financiero y bursátil, la volatilidad y la caída de los índices internacionales de los primeros días del conflicto se han mitigado. “Los efectos de la crisis pueden ser muy heterogéneos”, ha sentencia, ya que persisten en los canales comerciales con una prolongación en los plazos de entrega logísticos que afecta a toda la cadena de valor y, de nuevo, justifica el pesimismo económico.
Respuesta conjunta de Europa
En cuanto a la confianza de los consumidores, el principal motor del PIB español de los últimos años, Herández de Cos ha declarado que “por el momento, no se refleja [el pesimismo] en las ventas de las grandes empresas”.
El Puerto de Barcelona, donde el tráfico de contenedores se ha reducido en un 80% a causa de la huelga de transportistas / EUROPA PRESS
Por todo ello, pide una “respuesta conjunta de Europa” para hacer frente a problemas tan básicos como la menor capacidad de compara alimentos por parte de las rentas más bajas, ya que se ha trasladado al consumidor final tanto la subida energética como de los costes logísticos. “El efecto de la crisis genera mucha incertidumbre”, ha remarcado.
Previsiones de caída del PIB
Las previsiones actuales del regulador muestran una caída del PIB en el ejercicio en curso de entre el 0,5% y el 2% y una subida de la inflación que se moverá al entorno del 3%. Las cifras finales dependerán de la duración de la guerra en el este y, por este motivo, urge una respuesta de los “poderes públicos” para atender a las familias y las empresas vulnerables.
Estos son, a su juicio, los principales gastos a atender a corto plazo. A medio, apunta al sector energético y a la defensa de los “intereses colectivos”. Como, por ejemplo, abordar los grandes “elementos de la integración que no están terminados” como un fondo de garantía de depósitos común, una unión de mercado de capitales o una unión fiscal.
Todo ello, sin olvidar una política monetaria ante una inflación persistente que generaría una caída de las rentas reales y, con ello, un deterioro del consumo y de la inversión.