El restaurante de Gràcia que lleva al ayuntamiento ante el TSJC por cerrarle el local

Desde el pasado lunes 24 de enero, la cafetería, ubicada en el número 2 de la calle Minerva, está cerrada al público. Volverá a abrir el 25 de febrero, fecha en que terminará la sanción municipal que la empresa afectada considera “totalmente desproporcionada”.

Un año de trámites

Paula Ospina, propietaria del negocio junto con Tamsin Wright, alega que la falta de licencia se dio por la dejadez administrativa del propio consistorio. “Abrimos la terraza durante el Covid, sabiendo que nos la iban a dar, pero por la pandemia la burocracia se había demorado”, asegura.

De hecho, la solicitud fue presentada en marzo de 2020, cuando empezó el primer confinamiento en España, y el consistorio tardó un año en concederla. Las emprendedoras se impacientaron y abrieron la terraza antes, cuando llevaban cuatro meses de espera tras la tramitación de la petición.

La terraza de Les Filles Cafè en Gràcia, Barcelona / CEDIDA

“Me siento perseguida”

Sin embargo, el establecimiento abrió en 2019, y el ayuntamiento argumenta que su sanción administrativa llega después de que ya en ese año se notificara la necesidad de regularizar la actividad del local. Asimismo, señala que el distrito de Gràcia ha colaborado con la cafetería para facilitar su continuidad y la tramitación burocrática. Además, el consistorio afirma que en 2019 y 2020 recibió varias denuncias de vecinos, que acudieron además a la Fiscalía.

Según las dueñas, el celo de la Administración local con este caso “es por la presión de un vecino que está obsesionado” con el establecimiento, “un abogado de la Generalitat que ha puesto una denuncia ante la Fiscalía contra el Distrito de Gràcia por prevaricar” a favor del local. “Si vendes drogas, es más fácil, he tenido ocho visitas de la Guardia Urbana, me siento perseguida”, protesta Ospina. Finalmente, el ayuntamiento decidió en 2021 fijar la sanción de 30 días, que no se ha ejecutado hasta ahora porque, según la versión municipal, se acordó con las titulares del negocio la fecha menos perjudicial para su facturación.

Pérdidas por 70.000 euros

Según Ospina, en cambio, es un sinsentido que se aplique la sanción por falta de licencia ahora que la licencia ya se ha concedido. “Es increíble que nos cierren un mes a un establecimiento de un sector que hemos estado muy castigados”, lamenta. A su juicio, “lo justo es que hubiera sido una multa, de igual 5.000 euros”, pero calcula que las pérdidas de cerrar 30 días se elevarán a 70.000 euros, además del Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que ha vuelto a afectar a 16 empleados en un negocio que ya estaba endeudado por su puesta en marcha y de nuevo durante la pandemia.

La esperanza de las restauradoras es “que se haga justicia” y el TSJC --al que han recurrido una primera sentencia favorable al consistorio que negaba suspender el precinto-- les dé la razón obligando al consistorio a indemnizarles, si bien ello tendría un coste para el erario que Ospina lamenta al considerarlo innecesario y derivado de una mala gestión evitable. “Vengo de Colombia y me encanta el Estado social, pero Ada Colau y los que están detrás tienen que saber cómo se gestiona una empresa, no podemos jugar así con el dinero de los contribuyentes”, reprocha.