Expertos en contratación pública piden agilidad y eficacia con los fondos europeos

Agilidad, rapidez y eficacia. Esas son, a grandes trazos, algunas de las principales que expertos en contratación pública ponen sobre la mesa ante la gestión de los fondos europeos Next Generation para dejar atrás la crisis económica. Así lo expusieron en primer Congreso Internacional sobre El desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública, impulsado por distintos observatorios sobre la materia y la Cátedra de la Contratación pública local de la Universidad de Zaragoza.

El evento, celebrado en la capital aragonesa los pasados 10, 11 y 12 de noviembre, contó con la participación de especialistas como Santiago Muñoz Machado, José María Gimeno o Miquel Roca i Junyent, entre otros, y sirvió para intercambiar experiencias y propuestas sobre cómo los Estados de la Unión Europea se están organizando para cumplir con los objetivos de recuperación económica y transformación que persiguen los fondos Next Generation EU.

140.000 millones de euros

Los participantes coincidieron apuntar la importancia de su correcta gestión para superar la crisis del coronavirus, y el reto que supone para España, que puede optar a 140.000 millones de euros. Unas inversiones que esperan que sirvan para construir un país "más sostenible, resiliente, digital y socialmente justo".

Así, en la conferencia inaugural del catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la RAE Santiago Muñoz Machado, se alertó sobre algunos de los posibles riesgos que se afrontan. Destacó que la regulación aprobada para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Real Decreto ley 36/2020) adolece de dificultades de interpretación.

El catedrático sugirió propuestas de mejora que podrían incorporarse en el ordenamiento, con ocasión de la actual tramitación como proposición de ley de dicho decreto ley. Por ejemplo, modificar los contratos existentes para transformar los activos públicos gestionados por los concesionarios de servicios, contar con los operadores económicos con contratos vigentes para adjudicarles proyectos transformadores, o permitir e incentivar que la iniciativa privada pueda promover convocatorias de subvenciones para proyectos innovadores.

Evitar el 'cuello de botella'

Asimismo, se subrayó la importancia de evitar que la Administración General del Estado experimente un cuello de botella para la aplicación de los fondos. En este sentido, apuntó que la decisión sobre el destino y ejecución de los fondos debe corresponder a las Administraciones públicas con competencia en la materia, y no solo a la Administración General del Estado.

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliú, fundador del Observatorio de Contratación Pública y organizador del Congreso internacional, apeló a la ambición y sugirió no aplicar los fondos con los criterios de la gestión administrativa ordinaria. A su modo de ver, habría que interpretar el ordenamiento según el contexto y finalidad de los fondos, de modo que la celeridad y el resultado sean los criterios preponderantes. Simplificando los controles previos a cambio de reforzar los controles en la ejecución.

Roca propone una comisión de expertos en el Congreso

En el cierre de la jornada intervino el abogado Miquel Roca i Junyent, que trasladó un mensaje optimista a los asistentes. En su opinión, si España fue capaz de llegar a acuerdos importantes durante la Transición, ahora, la salida de la crisis y la trasformación del país para las generaciones futuras no deberían verse frustradas por reglas de procedimiento administrativo, que son responsabilidad de toda la comunidad jurídica. Algo que supone un reto colectivo para todos los juristas. El expolítico propuso que se constituya una comisión de expertos ad hoc en el Congreso para que regule las soluciones.

Las intervenciones del director general de Red.es, Albert Martínez Lacambra, y del interventor general del Gobierno, Pablo Arellano, pusieron también de manifiesto que, en estos momentos, los operadores públicos necesitan un marco de seguridad jurídica que les permita la asignación rápida y eficaz de los fondos, y que la Comisión Europea no cree impedimentos y dificultades que entorpezcan su consecución.