El Estado influye menos que nunca en su más que estratégico sector de la energía

Con la llegada de la pandemia del coronavirus, el Gobierno reforzó el mecanismo para evitar que las empresas de sectores estratégicos fueran víctimas de su depreciación y quedaran expuestas a ser engullidas por inversores internacionales a precios de saldo. La prueba de fuego llegó con la opa parcial de IFM sobre Naturgy, que definitivamente contó con el visto bueno, aunque condicionado, de Moncloa.

Defensa de Criteria

La llegada del fondo australiano a la compañía que preside Francisco Reynés se ha plasmado al final en la compra de poco más de un 10%, precisamente el límite marcado por el Consejo de Ministros para un posible veto de la inversión. Más que el Ejecutivo, el que ha contribuido a que IFM no alcanzara ni siquiera la mitad de su objetivo inicial (el 22,7% del capital al que se dirigía la oferta) ha sido Criteria, el primer accionista de la energética.

Con el refuerzo de su posición en el capital de Naturgy y su actitud hostil ante la oferta, el holding de participadas de La Caixa ha frenado el impulso y las ambiciones de un inversor que llegaba dispuesto a tomar posiciones en el consejo de administración y explotar la posibilidad de hacer causa común con el resto de socios internacionales para acabar controlando la empresa.

El caso de Endesa

Porque la estrategia de Criteria no ha impedido que, tras la liquidación de la opa, cerca del 55% del capital de Naturgy esté en manos de institucionales extranjeros. Una situación incómoda para uno de los principales actores de un sector fundamental como el energético que vive desde hace más de una década otro de ellos, como es Endesa.

Controlada por Enel, en la que el Estado italiano mantiene una participación próxima al 30% que le permite controlar su estrategia y su cúpula de mando, Endesa camina desde entonces al ritmo que se marca en Roma, a unos miles de kilómetros de las fronteras españolas.

El giro de Repsol

Aunque distinto en sus formas, el caso de Iberdrola no difiere tanto en el fondo. Aunque no intervienen de forma directa en la gestión, los escasos accionistas con posiciones significativas proceden del exterior (con el emirato de Qatar a la cabeza), mientras que poderosos fondos estadounidenses hacen causa común en la sombra, listos para actuar en cualquier momento ante la ausencia de un socio de control.

Con la salida anunciada de Sacyr, que ya ha procedido a liquidar sus posiciones con derivados, el capital de la otrora pública Repsol en manos de accionistas significativos se reparte exclusivamente entre entidades internacionales entre las que destacan los norteamericanos Blackrock y JP Morgan. Lejos quedan aquellos tiempos en los que el socio de referencia de Cepsa era una entidad financiera como el antiguo Banco Santander y su presidente, un ex secretario de Estado como Carlos Pérez de Bricio.

En vilo por tensiones geopolíticas

La toma de control por parte de Abu Dhabi y la posterior venta de parte de su capital a los fondos llevó a la compañía a decisiones como salir del accionario del gasoducto que conecta España directamente con Argelia, su principal suministrador de gas natural. Por eso, el Medgaz está participado mayoritariamente por el país magrebí cuando hace unos años, Cepsa y la entonces denominada Gas Natural (hoy Naturgy) aseguraban el control español del tubo.

Precisamente, las tuberías que conectan la Península Ibérica con el norte de África están de plena actualidad tras el cierre del gasoducto del Magreb debido a las elevadas tensiones entre vecinos y enemigos irreconciliables como Marruecos y la propia Argelia. Una pelea en la España y Portugal no intervienen pero sí figuran entre los principales perjudicados, como consecuencia de su elevada dependencia energética del exterior.

Falta de estrategia

Uno de los atractivos que presentaba hace unos años la energía renovable era una ansiada independencia en este terreno, gracias a la notable cantidad de recursos naturales con los que cuenta España. Tan cierto como que el agua, el sol y el viento no se pueden importar lo es que para la autosuficiencia aun queda un largo trecho que además, como ha quedado de manifiesto en los últimos meses no va a resultar precisamente barato.

Los expertos aluden, no sin razón, a la errática política energética de los sucesivos gobiernos y, sobre todo, a la ausencia de una estrategia definida y a largo plazo.

Medidas tardías

Y entre bandazo y bandazo, entre mudanzas en Moncloa y decisiones en las que pesó mucho más la ideología que la conveniencia de lo que era mejor para el país, España ha llegado a este punto clave de la salida de una crisis tan peculiar como la del Covid-19 con las manos demasiado atadas.

Así las cosas, muchas de las decisiones que afectan a un sector más estratégico que nunca se toman a miles de kilómetros y sin que los intereses de España estén precisamente entre las prioridades de quienes tienen que adoptarlas y ejecutarlas.

La actuación del Gobierno en la opa sobre Naturgy o en los vanos intentos diplomáticos por evitar el cierre del gasoducto del Magreb demuestran la reacción llega demasiado tarde.